Organizaciones ambientalistas desmienten a legisladora sobre mandato de la SCJN.
Una decena de organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, Acción Ecológica, Alianza México Sin Plásticos y Fronteras Comunes, advirtieron sobre el retroceso que implicaría la aprobación de la iniciativa de ley sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos en Oaxaca.
A través de una carta enviada al Congreso local de Oaxaca, las organizaciones afirmaron que la iniciativa presentada por la diputada morenista Melina Hernández, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, “es claramente regresiva y viola el principio de progresividad, al buscar echar para atrás el avance que representa la prohibición de PET y unicel en el estado”.
Además, desmintieron los argumentos de la morenista respecto a lo mandato por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es falso que la notificación de la Corte sobre el proceso de declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos vinculantes para el Legislativo estatal. “No se instruye al Congreso del Estado de Oaxaca a hacer nada”, señalaron.
Las organizaciones alertaron que la iniciativa busca incluir una definición de “envases y empaques de plástico de un solo uso”, que es la misma definición que usa la industria alimentaria, principalmente Coca-Cola, en las discusiones legislativas.
“Esta definición resulta regresiva y violatoria de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente sano, dado que se convierte en un incentivo perverso para incrementar la generación de plástico de único uso y su quema como supuesto aprovechamiento energético, en vez de incentivar su eliminación y fomentar el uso de energía limpia y renovable”.
Además, apuntaron que la iniciativa apela al principio de “responsabilidad compartida”, el cual es un “concepto dictado por la industria para asignar responsabilidades al pueblo y no hacerse responsables de la contaminación que generan”.
Alertaron que esta iniciativa no debe aprobarse sin antes realizarse foros públicos de discusión, pues “representa una afrenta al medio ambiente y a la salud”, y coloca los intereses empresariales por encima del bien público.
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