AMLO declara el proyecto como asunto de seguridad nacional y juez mantiene suspensión definitiva en el Tramo 5.
El Juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo Pérez, resolvió mantener la suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen, en Quintana Roo. Dicha suspensión viene del amparo promovido por ambientalistas locales.
“Se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados atribuidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya, pero en los términos, con las precisiones y para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución”, señaló Novelo Pérez.
Los efectos de la suspensión definitiva, añadió el juez, contemplan que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.
No hay desacato: AMLO
El presidente López Obrador negó que su gobierno haya incurrido en desacato por reiniciar las obras en el tramo 5 ya que declaró al proyecto como un asunto de seguridad nacional. Afirmó que hay intervención del gobierno de Estados Unidos a través de financiamientos a “pseudoambientalistas” que promueven amparos y se afecta al presupuesto público.
La Sedena al frente del tramo
El tramo 5 estaba a cargo del Fonatur, que a su vez lo adjudicó al consorcio integrado por Grupo México en mayo del 2021 por 17 mil 815 millones de pesos. Al ser considerada la obra del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, el proyecto pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 25 de julio se confirmó que el gobierno federal concluía de manera anticipada el contrato con Grupo México y Acciona Infraestructura. Hasta ahora no se ha dado el cálculo final de la indemnización derivada de la cancelación.
López Obrador decretó el 24 de julio la expropiación “inmediata” de ocho terrenos en Quintana Roo para las obras del proyecto. La extensión de los predios supera los 165 mil metros cuadrados. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la encargada de ocupar los predios y hacer los pagos correspondientes.
Voz de las organizaciones
Greenpeace exigió que se detengan definitivamente las obras del tramo 5 del tren y “que las cosas se hagan bien, en apego a la ley y protegiendo la biodiversidad y los derechos humanos”.
La organización expresó en comunicado “abrazamos la decisión de mantener la suspensión del Juez Novelo y el trabajo incansable de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), personas activistas, científicas, espeleólogas, ambientalistas y comunidades de la región”.
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