Piden frenar el proceso de consulta maya por anomalías.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 08 de diciembre de 2017
Al fijar una postura sobre la revocación del permiso a Monsanto para la liberación de soya trasngénica en siete estados del país, incluyendo Campeche, Quintana Roo y Yucatán, comunidades mayas exigieron establecer una zona libre de transgénicos en la Penínusla de Yucatán
Representantes de comunidades mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán también rechazaron a la imposición de proyectos como eólicas, transgénicos y parques solares. Además presentaron un frente unido contra violaciones a derechos humanos y a la discriminación, lo que no les ha permitido participar en las decisiones de sus territorios.
Los representantes de al menos 30 comunidades mayas solicitaron la suspensión de los procesos de consulta en tanto no se confirme en la última instancia la revocación del permiso y se detengan las violaciones a los derechos de los pueblos.
Durante el proceso de consulta las autoridades han violado los acuerdos, intentaron dividir a las comunidades, deslegitimaron a sus representantes, entre otras anomalías por las que se pide frenar el proceso, señalaron.
Queda pendiente, afirmaron, la reparación por los daños causados al patrimonio biocultural de las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica.
La reunión ocurrió luego de difundirse la revocación de un permiso a Monsanto para la liberación comercial de soya transgénica que emitió el día 17 de septiembre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
La dependencia federal argumentó que la trasnacional ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”. Además afirmó que la liberación de transgénicos en lugares no autorizados provoca “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa.
La revocación “es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos han realizado por la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la Península”, afirmaron.
Las defensores comunitarios destacaron que a pesar de la sanción administrativa contra la empresa también deberían haber sanciones penales, dado que a pesar de haberse logrado una prohibición de siembra por parte de la Suprema Corte en 2016, la soya transgénica se siembra tanto en Campeche como en Bacalar, Quintana Roo.
