“Mineras juniors” especulan con territorios para obtener ganancias en Bolsa de Canadá, revela estudio.
Una investigación elaborada por GeoComunes, la Red de Afectados por la Minería (Rema) y MiningWatch Canadá, reveló que en México existen 36 proyectos mineros en 8 estados controlados por 10 empresas que buscan concesiones por más de 670 mil hectáreas para extraer litio.
Aunado a ello, existe un mercado especulativo donde participan “empresas mineras junior”, principalmente canadienses, las cuales se posesionan de tierras, generan expectativas irreales, conflictos, violencia y desplazamientos en comunidades, para generar ganancias en la Bolsa de Valores de Toronto, señala la investigación.
Dichos proyectos de litio se encuentran en los estados de Sonora, Baja California, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla. De ellos ya se encuentran entregadas 97 mil hectáreas concesionadas y se buscan 537 mil más.
La investigación señala que la denominada “transición energética” no representa un cambio significativo de rumbo en cuanto al modelo extractivo minero, ya que se espera un incremento del 500% hacia el 2050 para satisfacer la demanda de dicha transición, pero que incluye también componentes comunes como el cobre, aluminio, plata, plomo, hierro y acero, necesarios para la instalación de parques solares o eólicos.
A través del Sistema Integral sobre Economía Minera (Sinem) y la Secretaría de Economía se revelaron los nombres de las empresas mineras de litio en México: Organimax Nutient, Bacanora Lithium, One World Lithium, Radius Gold Inc, Infinite Lithium Corp, Rock Tech Lithium, Alien Metals, Zenith Minerals, Litio Mex, Pan American Lithium y ZEOX, la mayoría canadiense, aunque también hay australianas, británicas y norteamericanas.
La apuesta de los gobiernos, bancos de desarrollo y empresas continuará con la depredación de bienes naturales, el crecimiento asimétrico entre la población y las empresas, incrementará el despojo y el desplazamiento forzado sin tener ideas claras de los impactos ambientales, en la salud y deterioro político que este proceso genera, apuntaron los investigadores.
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