Estas empresas han capturado al Estado: Educa
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de octubre de 2018
La mañana del domingo 07 de octubre el afluente del río el Coyote amaneció contaminado. Despedía un color blanquecino que provenía de la presa de jales de la Mina San José, en Valles Centrales, Oaxaca, proyecto de la minera canadiense Fortuna Silver.
La mancha blanca se extendía desde la parte alta de San José del Progreso hasta el paraje de La Ciénega en Magdalena Ocotlán, lugar donde los campesinos llevan sus animales a beber y donde se recargan los mantos acuíferos para su actividad agrícola.
Autoridades agrarias y municipales dijeron que nunca en la historia del pueblo había ocurrido un derrame así, tomaron muestras y fotografías, denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y exigieron la cancelación inmediata de la mina.
La mina de San José del Progreso representa para Oxfam-México un caso claro de la disputa por los bienes comunes de una región que provoca desigualdad, pues fortalece la economía de cúpulas empresariales y políticas nacionales e internacionales, derivadas de un modelo de desarrollo de explotación.
Al banquillo
Oaxaca tiene 322 concesiones para 41 proyectos mineros que representan el 5% de su territorio. El caso de San José del Progreso es uno de los 20 denunciados por 60 comunidades y 20 organizaciones en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras que se lleva a cabo en la capital oaxaqueña.
Llevar al banquillo a las mineras busca visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y ambientales de los pueblos indígenas por parte del Estado y las concesiones mineras, entregadas todas sin consultar a las comunidades originarias, señala Marcos Leyva, de la organización Educa Oaxaca, impulsora de procesos de defensa del territorio.
“La llegada de un proyecto minero a una comunidad es como si de la noche a la mañana tu casa tuviera otro dueño” pues las autoridades no informan de las concesiones, dice Marcos. Además se genera división social y condicionamiento de programas sociales a comunidades, añade el participante del juicio.
Privilegios de mineras
En el informe Minería y Privilegios, elaborado por Oxfam y presentado en el juicio, se documentan impactos ambientales y sociales de la minera San José como la contaminación de la microcuenca del río el Coyote, la interrupción de los flujos de agua y desabasto de pozos, la emisión de gases, la represión a opositores, la compra y acoso a autoridades, la imposición del proyecto sin consulta y el asesinato de los activistas Bernardo Méndez y Bernardo Vázquez en 2012.
La investigación reafirma que las empresas mineras han capturado al Estado y eso se ha traducido en una legislación y política pública favorable a las empresas, señala Marcos Leyva. “Oxfam concluye que la actividad minera no genera mejores condiciones de vida para las comunidades sino que profundiza la desigualdad social. Esto permite desenmascarar uno de los argumentos de los gobiernos y empresas que dicen que las mineras generan riqueza y desarrollo”, explica Marcos Leyva.
Procesos comunitarios
En San José del Progreso “aprendimos a luchar, a agarrar los garrotes que nunca lo habíamos hecho, porque la mina hace daño, el día de mañana nos va a afectar”, dice Carmen Sánchez, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, organización surgida en 2009 para hacer frente a la minera.
“Hubo una ocasión que fuimos a hacer paro allá a la mina, nosotras las mujeres porque los maridos se iban a trabajar, pero una ocasión nos metieron la policía, nos desalojaron de allí, nos echaban los perros, al momento que llegaron me dijo un policía suelte ese palo que tienes, yo le dije suéltalo usted porque usted todavía trae arma y todavía agarró este otro palo y todavía quieres que te suelte mi palo, entonces yo no lo voy a soltar”, recuerda doña Florencia Rodríguez, tía de uno de los ambientalistas asesinados.
Organizaciones como Educa, Tequio Jurídico, Flor y Canto, entre otras, han impulsado un trabajo de vinculación y articulación a nivel regional en Valles Centrales, el Istmo y en Valles de Tlacolula. “Creemos que sólo organizados se puede hacer frente a los proyectos de muerte que representan las mineras”, afirma Marcos Leyva de Educa.
Los procesos comunitarios también tienen triunfos como el ocurrido en Magdalena Teitipac, donde en 2013 la asamblea decidió suspender los trabajos de exploración de la minera Plata Real de capital canadiense.
“Bajamos la maquinaria, la retroescavadora, bloqueamos el paso, pusimos vigilancia 24 horas y no permitimos el acceso a la mina”, recuerda don Alejandro García, vecino del pueblo y asistente al juicio comunitario.
Casi la totalidad de los siete mil habitantes del pueblo, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelas y abuelos, expulsaron a la minera que había irrumpido en 2009 exhibiendo los permisos del gobierno federal. “Cuando vimos las consecuencias, el destrozo, las brechas de seis metros en el cerro y contaminación nos organizamos”, dice don Alejandro, quien en el juicio comunitario exigió la cancelación definitiva de la minera.
El dictamen
El tribunal concluirá con un dictamen elaborado por Miguel Álvarez, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Beatriz Gutiérrez, lideresa comunitaria de San Mateo del Mar y se hará público en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.
Luego se sistematizarán las denuncias para elaborar un documento que se publicará después del 10 de diciembre y entregará a instancias gubernamentales, entre ellas el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, encabezado por Adelfo Regino, quien se ha comprometido a consultar a los pueblos en todo tipo de megaproyectos.
Fotos: Educa Oaxaca
