Piden al Estado mexicano, priorizar derechos de los pueblos ante intereses empresariales.
Organizaciones internacionales y nacionales que acompañan procesos de defensa del territorio y derechos humanos expresaron “profunda preocupación” por la inseguridad y amenazas contra comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, ante el proyecto Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Llamaron al Estado mexicano a priorizar los derechos de las comunidades sobre los intereses empresariales, en momentos de incertidumbre luego del “nuevo” permiso ambiental otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde la minera canadiense anunció a sus inversionistas una ampliación por 12 años, mientras la dependencia “corrigió” al decir que eran dos años solamente, pero no ha aclarado su decisión final en la Gaceta oficial.
El 23 de octubre de 2021 venció el permiso ambiental original de la minera, pero siguió operando a través de un amparo, por lo que aclarar la situación del nuevo permiso ha sido demandado por las comunidades y ha incrementado los riesgos para las personas defensoras.
A través de un pronunciamiento, organizaciones como American Jewish World Service, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, Mining Watch Canadá, Mexiko Forum Schweiz, Oxfam México, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, entre otras, urgieron al Estado garantizar la integridad de las personas defensoras y velar por los derechos de las comunidades.
Recordaron que México firmó en 2021 el Acuerdo de Escazú, el cual lo obliga a impulsar la protección de las personas defensoras ambientales y del territorio.
Historia de violencia e irregularidades
Desde hace 11 años la empresa minera Fortuna Silver Mines ha explotado oro y plata sin el consentimiento de las comunidades. Cuando la empresa inició operaciones fueron asesinados Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vázquez Sánchez, y resultaron heridas varias personas más, todas opositoras a la mina.
En 2018 ocurrieron dos desbordamientos de las presas de jales y se contaminó el río Coyote que surte de agua a varias comunidades. A pesar de las denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental no existió un proceso de reparación del daño ni para el río ni las comunidades y se ha presentado una disminución del nivel de los pozos, usados como agua potable.
Durante estos años la minera ha construido 75 obras de manera irregular y fuera de los permisos otorgados en su Manifestación de Impacto Ambiental, por lo que en 2019 y 2020 solicitó nuevas autorizaciones que fueron negadas por Semarnat. Para 2021, Minera Cuzcatlán solicitó un nuevo permiso y una ampliación de la MIA original.
En diciembre de 2021 la empresa anunció que le fue otorgado el nuevo permiso por 12 años de explotación comercial, pero semanas después Semarnat aludió a un error tipográfico y redujo el permiso a dos años, ante lo cual la empresa se amparó y las comunidades señalaron traición de la dependencia.
“Es indignante que la política ambiental siga siendo desventajosa para los pueblos y comunidades”, señalaron las comunidades, quienes han reunido 6 mil firmas, 10 actas de territorio prohibido para la minería y dos declaratorias regionales, con las que exigen se respete su derecho a la libre determinación, al territorio y a medio ambiente sano.
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