Son 518 organizaciones, entre ellas 10 de México.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 02 de julio de 2014
Más de 500 organizaciones internacionales firmaron un documento con recomendaciones a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para incluir el modelo de economía social y solidaria en la Agenda de Desarrollo post-2015.
Las organizaciones, encabezadas por la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), expresaron su “profunda preocupación” por el informe del secretario general Ban Ki-moon y su propuesta de Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015, al considerarla inadecuada para los desafíos de la humanidad en un contexto de crisis globales producto del modelo económico neoliberal.
“La Economía Social Solidaria es parte de la respuesta que se requiere actualmente y por ello debe ser debidamente reconocida y respaldada”, plantearon las organizaciones a la ONU.
Las recomendaciones al organismo internacional se basan en 4 ejes fundamentales que plantean modificar los indicadores para medir la pobreza, la desigualdad, el desarrollo y el bienestar; lograr la transición hacia una economía justa, social y solidaria; adoptar un enfoque de desarrollo a partir de los derechos humanos; y la participación y transparencia en los procesos e instancias internacionales.
Las organizaciones de la economía social y solidaria plantean tomar en cuenta las visiones del Buen Vivir que se usa en Latinoamérica, el Índice de Felicidad Nacional Bruta usado en Asia y la propuesta Ubuntu de África.
Las recomendaciones también cuestionan el modelo económico actual y proponen medidas como “revisar y cancelar todas las cláusulas de los tratados internacionales de comercio e inversión que restringen la capacidad de los gobiernos para regular las inversiones extranjeras y comerciales”, así como “reformar la arquitectura financiera internacional” e implementar medidas para “evitar la socialización de las pérdidas derivadas de las malas prácticas empresariales”.
En cambio proponen la transición hacia una economía justa a partir de incluir en las políticas públicas el modelo de economía social y solidaria, así como garantizar recursos para fomentar el desarrollo económico por la vía de las finanzas solidarias, bancos comunitarios, cooperativas de crédito locales y fondos rotativos, entre otros.
Plantean también “asegurar el acceso universal a los bienes públicos (agua, tierras públicas, energía, aire, bosques, biodiversidad, diversidad, paz, educación básica y superior, salud, etc.)” que son de todos y por lo tanto “no pueden ni ser comercializados ni privatizados”.
Otras recomendaciones son “priorizar la inversión en la producción de alimentos agroecológicos y orgánicos a pequeña escala”, garantizar el “derecho a la autodeterminación de los territorios locales”, asegurar la soberanía alimentaria y la protección de las semillas criollas nativas, promover formas de producción y consumo locales, someter a la industria extractiva y agronegocio a los acuerdos de derechos humanos y desarrollo sostenible, así como erradicar las barreras de la libre circulación de las personas.
De las 518 organizaciones adherentes a estas recomendaciones para la ONU y sus estados miembros, destacan las mexicanas Consejo Superior del Cooperativismo, Redcoop, Alcona, Instituto Intercultural Ñöñho, Centro de Estudios Científicos y Sociales, Pastoral del Trabajo, Resurj y la Facultad Economía de la UNAM.
