Luego de su visita a México, Léo Heller identificó retos para asegurar el derecho humano al agua.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 16 de mayo de 2017
Organizaciones sociales y comunidades respaldaron las observaciones hechas por el relator de la ONU para el agua, Léo Heller, y exigieron al gobierno cumplir con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos en esta materia.
Pidieron además, que para cumplir con las obligaciones del Estado en cuanto al agua potable y al saneamiento, no sólo se asigne un presupuesto sino que se trabaje participativamente con organizaciones locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar sus problemas.
Luego de los diez días de la visita de Léo Heller a nuestro país, de entrevistarse con autoridades, organizaciones y comunidades, el relator especial de Naciones Unidas afirmó que “México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población”.
El relator señaló que las estadísticas presentadas por el gobierno “si bien son impresionantes, sólo reflejan la existencia de alguna forma de infraestructura y definitivamente no se traducen en acceso real al agua y al saneamiento en las casas de las personas, que es dramáticamente inferior”.
Heller destacó que incluso en la Ciudad de México la prestación del servicio de agua y saneamiento es limitado o inexistente. Organizaciones sociales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Alianza Mexicana contra el Frácking, entre otras, han alertado sobre el hecho de que los kilómetros de tubería en el país invisibilizan los problemas reales con el agua.
El funcionario internacional cuestionó el recorte presupuestal federal de más de 37% de 2017 que impacta estos servicios. Además, en materia legislativa, lamentó que cinco años después de la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y al saneamiento no haya sido adoptada la legislación secundaria correspondiente.
Las organizaciones sociales coincidieron con esos señalamientos, que a su vez, han sido denunciados en múltiples ocasiones por ellas, como el hecho de que la Ley de Aguas no refleje un marco de referencia de los derechos humanos.
Algunos funcionarios reconocieron ante Heller que la calidad del agua varía y frecuentemente no es adecuada para su ingesta, por lo que el consumo de agua embotellada “añade una carga financiera adicional y considerable”. En términos de asequibilidad, Heller afirmó que “las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas”.
Léo Heller además hizo mención de la relación entre la contaminación del agua y la minería, proyectos industriales, plantas hidroeléctricas, extracción de hidrocarburos, fracking y el uso indiscriminado de pesticidas.
Por lo que “debe haber un reconocimiento del impacto que actividades económicas, en gran parte no reguladas, tienen en el agua, y el daño potencial y real causado a las personas locales que tal vez no tengan otra opción sino utilizar fuentes de agua contaminada”, apuntó.
Subrayó que los pueblos indígenas a pesar de tener “una asociación única con sus tierras y territorios, incluyendo las fuentes de agua, a menudo enfrentan los retos más severos en cuanto a la provisión de agua y saneamiento”.
