Juzgado frena tala en terrenos forestales en tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del megaproyecto.
El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva en los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, “a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte” en áreas fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Los tramos comprendidos de las obras suspendidas donde no se permitirá remoción de la vegetación forestal se encuentran en los que van de Calkiní-Izamal, Izamal-Cancún, Cancún-Playa del Carmen, así como el tramo de Tulum-Chetumal.
Después de 3 años de iniciar el proceso, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones, obtuvieron la suspensión definitiva frente a las afectaciones ambientales ocasionadas por el megaproyecto del Tren Maya.
El Juzgado señaló que las personas quejosas acreditaron pertenecer a las comunidades posiblemente afectadas y demostraron el vínculo que tienen con los servicios ambientales que presta el ecosistema afectado.
Además, retomó el argumento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al señalar que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra”.
Por ello, al no emitirse autorizaciones ni estudios técnicos y científicos, “pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará (el megaproyecto), porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.
De continuar con la tala y desmonte para la obra federal sin obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo, “puede generar que las comunidades y organizaciones resientan una afectación en su derecho a un medio ambiente sano de carácter irreparable”, afirmó el Cemda.
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