Los megaproyectos industriales y extractivos ponen en riesgo la reserva hídrica en la península yucateca.
El Equipo Indignación y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) elaboraron el informe “Contaminación del Acuífero Maya. Responsabilidad gubernamental y empresarial” que busca destacar los aportes del principio precautorio para la protección del medio ambiente.
El informe destacó el Acuífero Maya como una de las reservas de agua dulce más importantes del continente. Esta zona cuenta con suelo kárstico que es “sumamente vulnerable a la contaminación”, por lo que los megaproyectos industriales y extractivos ponen en peligro la reserva hídrica de la Península de Yucatán.
Con este contexto es que se resaltó la importancia del principio precautorio como “eje rector para garantizar el derecho humano al agua y a un ambiente sano” y se enfatiza que dicho principio debe “entenderse como autónomo” ya que “se protege en sí a la naturaleza y su relación con las otras especies no humanas”.
El pasado 15 de junio se presentó el informe que contó con la participación de Leidy Pech, apícola maya y premio Goldman 2020, quien destacó que el agua “es considerada una fuente de riqueza capitalista, se ha privatizado, se ha contaminado y se está decidiendo sobre el uso y el acceso sin tomar en cuenta a nuestros derechos”. Hizo un llamado a defenderla ya que es un bien colectivo y tomar acciones urgentes para garantizar “nuestra autonomía y libre determinación”.
Por su parte, Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, subrayó la obligación que tienen las autoridades de proteger las fuentes de agua ante la sobreexplotación y los diferentes proyectos agroindustriales. Además, destacó el papel que han jugado las mujeres de la península yucateca para proteger el agua y defender sus derechos indígenas.
En el documento se plantearon algunas acciones para proteger el ambiente como la sustitución de la actual Ley de Aguas Nacionales por una nueva Ley General de Aguas que ponga en el centro el derecho humano al agua, reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y adoptar un modelo que permita transitar hacia un modelo agroecológico, sustentable y saludable.
Con el informe, los equipos hicieron un llamado a las autoridades y dependencias gubernamentales a no autorizar este tipo de proyectos en la Península de Yucatán, llevar a cabo consultas en las comunidades “potencialmente afectadas” de acuerdo a estándares internacionales y de derechos humanos, realizar monitoreos para determinar los riesgos de contaminación, garantizar el acceso a la justicia ambiental, entre otras.
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