La organización plantea transición energética sin falsas soluciones como el gas natural, energía nuclear o captura de carbono.
La organización ambientalista Greenpeace cuestionó la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria”, aunque también destaca elementos positivos en la iniciativa.
“Se trata de un documento con elementos positivos, pero también con retos”, consideró la organización. El especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Pablo Ramírez, destacó como positivo que se devuelve a la nación la potestad de los recursos naturales, sobre todo centrado en el litio.
Pero el hecho de señalar que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, cancela a los proyectos comunitarios.
Esto puede tener implicaciones en la generación distribuida, agrega el especialista, pues al otorgar la exclusividad al Estado para la generación, cancela la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad y se regresa al esquema del monopolio estatal absoluto, lo cual sería un “retroceso en el camino hacia democratizar la energía”, señaló.
La iniciativa plantea que el despacho queda sujeto a las decisiones de la Comisión Federal de Electricidad en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad.
Al no definir los parámetros de seguridad y confiabilidad, “existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho”, pero deja claro que “las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos”.
Lo anterior abre la posibilidad a que tecnologías que no eran despachadas por sus altos costos de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas prioritariamente. “Quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación que es uno de los pilares de la política energética”, apuntó.
Greenpeace exigió que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética de más del 30 por ciento de hogares mexicanos.
“Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, demandó.
Entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y consideraría como un derecho, dijo. Por ello, “Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados”.
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