Advierte que no serán reconocidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La reforma indígena que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero como parte de su paquete legislativo, sólo modificará el artículo cuarto constitucional para incluir planes de justicia que “materializará el asistencialismo” y no habrá “un reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, advirtió el abogado tseltal, Gabriel Méndez López.
Los planes de justicia son una propuesta de gobierno que conglomera el presupuesto de varias secretarías “y no digo que sean malos”, admite Gabriel, pero la petición es “el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público para el ejercicio de la autonomía”.
Méndez López, originario de Oxchuc, Chiapas, participó en la reforma promovida desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que propuso modificar 15 artículos de la Constitución. El proceso duró dos años de diálogo con las comunidades, las autoridades de los 68 pueblos y logró el respaldo de más de 630 mil firmas.
La reforma dormida desde 2021
La iniciativa le fue entregada en septiembre de 2021 “al señor presidente allá en Vícam, pueblo de territorio yaqui, en Sonora, con la esperanza de que diera efecto de manera inmediata”, incluye “temas como el territorial, de los derechos colectivos, de las energías, el ambiental y las autonomías”, enlista resignado el abogado.
Dos años después, y ya como integrante de la Red Nacional Indígena, buscó sacar de la congeladora la reforma. Dirigieron un escrito a la Presidencia de la República y los mandaron al INPI, éste les respondió que la propuesta estaba en la Consejería. “Nosotros sondeábamos y era la Consejería Jurídica uno de los obstáculos que se tuvo y se ha tenido. Y no pasó la propuesta”, relata Gabriel.
Recuerda que entonces acudieron al Congreso de Unión a dialogar con algunos diputados que les manifestaron que no había mayoría relativa para elevarla a rango constitucional.
De vuelta a Oxchuc
No duda en destacar la importancia de la fortaleza de la organización comunitaria, ante actores que hoy cruza a muchas comunidades como los partidos políticos y el crimen organizado.
Actualmente Gabriel radica en Oxchuc para cumplir con sus obligaciones comunitarias. Lugar del que tuvo que salir en 2018 después de sobrevivir a un atentado en el que murieron tres de sus compañeros que promovían el primer gobierno comunitario.
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