Las comunidades afectadas y Grupo México tienen 10 días para presentar pruebas.
Se llevó a cabo la Reunión Pública de Información del Fideicomiso Río Sonora, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la activación del Fideicomiso Río Sonora, es decir, deja sin efecto los actos de autoridad anteriores.
Los días 22 y 23 de mayo las comunidades afectadas por el derrame tóxico de Grupo México y la empresa manifestaron sus opiniones acerca del cumplimiento de dicho convenio. Ambas partes cuentan con 10 días para ampliar sus manifestaciones y aportar pruebas.
En la reunión se explicó el convenio para remediar, reparar y compensar los daños ambientales y a la salud pública; en qué consistieron y cuáles fueron las medidas ambientales llevadas a cabo en ese momento; cómo se llegó a la determinación y qué medios se utilizaron para concluir que se alcanzaron los niveles de remediación, y cómo se certificó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos.
Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Profepa atendieron las quejas de los habitantes de los municipios de Arizpe, Hermosillo, Huépac, San José de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Banámichi, afectados por el derrame en el Rio Sonora causado por una falla en el represo Bordo Poniente el 6 de agosto del 2014.
Las autoridades correspondientes tendrán que tomar en cuenta las exposiciones de las comunidades afectadas y de Grupo México para emitir una nueva determinación.
La dependencia reiteró su compromiso con las futuras generaciones para conservar los recursos naturales y asegurar que “con apego a la legalidad, la actividad minera respete el medio ambiente, la voluntad de las comunidades, y procure su bienestar”.
Por su parte, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) esperan la instalación de potabilizadoras “que realmente funcionen en todas las comunidades para evitar el consumo de agua contaminada”.
El 15 de enero de 2020, la SCJN concedió el amparo y protección a los CCRS en este caso y dejó sin efecto el convenio de extinción del Fideicomiso, lo que significó una victoria legal para las comunidades afectadas. Ahí se determinó que las autoridades debían organizar una reunión pública de información en la que se explique a los quejosos en qué consiste el convenio del Fideicomiso.
Las exigencias de los CCRS son la reactivación integral del campo; la remediación de agua, aire, suelo, fauna y flora y el monitoreo ambiental; la participación efectiva de la comunidad en las futuras implementaciones de los fondos de remediación; la transparencia y rendición de cuentas de los gastos del Fideicomiso, y que las autoridades obliguen a Grupo México a enfrentar las consecuencias por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas.
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