La secretaría a acusa a la empresa de negarse a reconocer el dictamen de daño ambiental.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Maria Luisa Albores, declaró en la conferencia de prensa matutina del 12 de octubre que el Gobierno de México continuaría las acciones legales emprendidas contra Grupo México (GM) el 17 de agosto. Para reclamar reparaciones por el derrame de “40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014”.
En el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, publicado el 29 de septiembre, peritos científicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), argumentan que el derrame de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de GM, es “el desastre ambiental más grave de la minería en México”. Además de haber resultado de una administración “negligente”, no de un accidente.
Uno de los principales reclamos de la SEMARNAT hacia GM, será la reconstitución del patrimonio en el Fideicomiso Río Sonora, destinado a remediación medioambiental, que la empresa abandonó en 2017. La secretaría se adhiere al amparo otorgado por la Suprema Corte en 2020, con el cual se ordenaba reconstituir el fideicomiso hasta reevaluar los daños. Sin embargo, GM hasta la fecha no responde a los pedidos de la fiduciaria, Nacional Financiera.
Previamente, voceros de GM han declarado que el daño ya había sido reparado, en alusión a los 1,000 millones de pesos ejercidos hasta 2017. Sin embargo, la actual SEMARNAT defiende que las reparaciones fueron insuficientes y estuvieron plagadas de irregularidades. La actual administración federal acusó a “Grupo México en contubernio con la SEMARNAT del sexenio anterior” como responsables.
Impacto ambiental del desastre
De acuerdo con el nuevo dictamen, se determinó que el causante del desastre fue un “mal diseño hidrológico de su sistema Tinajas 1”. Con base en 616 muestreos, el INECC e IMTA encontraron presencia de metales por encima de los niveles permitidos en seres vivos, aire y suelo; a lo largo de 400 km de los ríos Bacanauchi y Sonora.
La contaminación resultante, por mercurio y otros metales, afectó a 20 mil habitantes de ocho municipios sonorenses, comunidades rurales en su mayoría. Sin embargo, el fideicomiso gastó más en publicidad de Cinemex, también propiedad de GM, destinada a reducir el impacto en la imagen pública de la compañía. Igualmente, dicho fideicomiso presentó un subejercicio del 50% de los 2,000 millones de pesos que se le depositaron originalmente.
Entre otras irregularidades, la SEMARNAT comunicó que un planta potabilizadora construida por GM en Bacanauchi solo operó por dos años, debido a falta de pagos de electricidad y personal. Adicionalmente, de otras ocho plantas que la empresa se comprometió a financiar, solo una operó durante su primer mes a causa de fondos insuficientes.
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