La ley se pospuso de abril a septiembre por concesión a la patronal.
Colaboración especial: Jesús Torres Nuño, ex presidente de Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)
Fue realmente esperanzador para millones de trabajadores, el anuncio presidencial de que eliminaría una de las prácticas más lesivas de los derechos laborales: la tercerización o el out sourcing, que dominaba ampliamente el mercado laboral, por lo que presentaría una iniciativa de Ley. ¿En qué consiste esa práctica? En que la enorme mayoría de las empresas del país y particularmente las grandes transnacionales, utilizaban otras empresas para sub contratar a su personal, evadiendo su responsabilidad patronal.
Es decir, que las empresas se hacían de personal a través de una tercera empresa, quien aparecía legalmente como el verdadero patrón, así que de existir cualquier reclamo laboral, los verdaderos patrones podían desentenderse de sus obligaciones. Además de evadir sus obligaciones fiscales, con respecto a su personal. Así que en primerísimo lugar la clase trabajadora veía gravemente afectados sus derechos, pues no había en realidad a quien reclamar, sufriendo una terrible explotación, acompañada por una total inestabilidad laboral y finalmente una total indefensión al ver violados sus derechos.
Pero ante el solo anuncio la patronal desató una tremenda campaña mediática, acompañada de sus numerosos cabilderos en las Cámaras, que lograron que el “amplio debate” que se realizó en el llamado Parlamento Abierto, fuera absolutamente dominado por los representantes patronales y sus jilgueros, además del apoyo incondicional de los líderes charros, que siguen ahí acomodándose como un aparato de control útil para la patronal y el actual gobierno. Por supuesto el sindicalismo independiente no fue invitado, se restringió la opinión de la clase trabajadora, que ha sufrido más de 30 años de la anulación de sus derechos.
¿Cuál fue el resultado? Que como ya es una constante, el gobierno de López Obrador dio un paso atrás, dejando una redacción conveniente para el sector patronal, pues “se permite la subcontratación de: Servicios especializados”, que por supuesto le abre la posibilidad a la patronal y al propio gobierno, que es uno de los patrones que más utilizaba la tercerización, a utilizar “servicios especializados”, que según el representante de la Coparmex, incluye el de la limpieza, que “es un servicio claramente especializado”.
De ahí que con esa ambigua redacción, se le dio una clara concesión a las grandes empresas y por supuesto a las enormes transnacionales y al propio gobierno, para seguir evadiendo los derechos de la clase trabajadora más explotada. Lo que deja muy claro que el gobierno “amigo de los trabajadores”, en realidad prioriza su alianza con el sector patronal y por supuesto con el charrismo sindical.
Eso se confirma ampliamente con la propuesta de Reforma del Senador Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, de modificar el artículo transitorio, que establecía como fecha máxima para que las empresas aplicaran este importante cambio, que por supuesto fue ampliamente aprobado en una sesión extraordinaria del Congreso. Todos los partidos actualmente registrados estuvieron de acuerdo en ampliar el plazo hasta el 1 de septiembre para que entrara en vigencia la ley aprobada en abril pasado.
Así, lamentablemente el gobierno de López Obrador nuevamente extendió el plazo a la patronal, una nueva e importante concesión que seguirá inexorablemente explotando al sector más vulnerable de la clase trabajadora mexicana., mostrando su verdadera condición de clase. Ahora habrá que ver si la Ley realmente se aplica, lo que solamente sucederá si los propios trabajadores salen a luchar exigiendo la eliminación de la lesiva subcontratación.
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