Ambientalistas presentan denuncia en contra de empresario panista y funcionarios locales.
Las organizaciones Acción Colectiva y Movimiento Colibríes de Guanajuato presentaron denuncia en contra del empresario Sergio Fernando Ascencio Barba y de funcionarios por poner en riesgo el medio ambiente en la Sierra de Santa Rosa, el “pulmón de Guanajuato” con la construcción del fraccionamiento residencial La Cucursola.
El desarrollo inmobiliario del empresario panista avanzó con la modificación al uso de suelo de la Sierra, con el temor de la población de quedarse sin suficiente agua, la afectación ambiental a la zona serrana y con omisiones por parte de funcionarios locales como el presidente Municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, y el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, quienes otorgaron los permisos.
Los ambientalistas aseguraron que los permisos otorgados al también exdiputado panista Ascencio Barba “están al margen de la Ley”. Señalaron que las denuncias penales promovidas ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República van en contra del dueño de la empresa Loma Irapuato, del presidente Municipal de Guanajuato, y del director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Guanajuato.
Aunque en febrero de 2020 la construcción del desarrollo inmobiliario fue clausurada por el deterioro al medio ambiente generado en la zona y por la ausencia de permisos, obtuvo uno de permiso de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para vender 47 lotes desde el 22 de septiembre de 2022.
La comunicadora Carmen Pizano indicó en el reportaje, publicado en PopLab, que se pudo concretar la venta de los lotes cuando el panista Ascencio Barba firmó las escrituras de 8 mil 121 metros cuadrados que donó al municipio de Guanajuato. Delgado Zárate comentó que las áreas de donación corresponden al 12 por ciento del total del predio. La Cucursola tiene 67 mil 680 metros cuadrados.
Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva, precisó que “el municipio está en problemas porque otorgó permisos de venta el año pasado siendo que públicamente Alejandro Navarro dijo que su administración no había otorgado permisos para La Cucursola”.
Los ambientalistas indicaron que con la complicidad del gobierno municipal de Guanajuato y las omisiones de las autoridades estatales y federales en materia ambiental, el exdiputado panista Sergio Fernando Ascencio Barba continúa el desarrollo inmobiliario.
Juan Carlos Delgado, director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, responsable de otorgar el permiso para la venta de lotes en La Cucursola, aseguró no tener detalles sobre el retiro de los sellos de clausura.
Por su parte, Fernando Ascencio afirmó haber cumplido con todos los requisitos legales; sin embargo, la dirección a su cargo tomó en cuenta un convenio con el Comité Rural del Agua de Santa Rosa que está sin efectos por decisión colectiva de la comunidad, ante el temor de quedarse sin suficiente agua de la presa de Peralillo.
Los ambientalistas subrayaron que el cambio de uso de suelo en la zona serrana de Guanajuato tuvo que tramitarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la autorización de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial por tratarse de terrenos forestales de productividad alta, pero no existe registro de que Loma de Irapuato realizara algún trámite para el desarrollo inmobiliario en la Sierra de Santa Rosa.
Las denuncias presentadas por las organizaciones son por hechos que podrían constituir al menos nueve delitos: siete de ellos del fuero común (tráfico de influencias, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, afectación al ordenamiento territorial, fraude procesal y contra la gestión ambiental). Además de los que compete investigar a la Fiscalía General de la República: contra la biodiversidad y la gestión ambiental.
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