Comunidades chontales rechazan en asamblea proyectos que afectan vida comunitaria.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 29 de marzo de 2019
Tequio Jurídico, Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2019, se pronunció en desacuerdo con las consultas indígenas promovidas por el gobierno por existir violaciones al proceso. En el caso de la consulta sobre el Programa de Desarrollo del Istmo, el mismo protocolo debió aprobarse con las comunidades, señaló.
La Fundación Sergio Méndez Arceo anunció ayer que Tequio Jurídico, organización con 20 años de defender los derechos indígenas en Oaxaca, era ganadora del premio en la categoría grupal, mientras que en la individual lo hacía Teresa Castellanos Ruiz, habitante de Huexca y opositora a la termoeléctrica. Los premios se entregarán el 13 de abril en la Catedral de Cuernavaca.
Armando de la Cruz Cortés, integrante de Tequio Jurídico, afirmó que el premio Méndez Arceo “es una noticia importante para Tequio sobre todo por el contexto adverso para los procesos de defensa del territorio”.
Actualmente existen tres procesos de consulta indígena, uno sobre la veda que impide el uso del agua a comunidades campesinas, otro sobre los parques eólicos y el tercero sobre el Programa de Desarrollo del Istmo, que pretende implementar una zona económica libre y atravesar el Istmo con infraestructura.
De la Cruz Cortés afirmó que actualmente 15 comunidades chontales tienen documentos de asambleas donde rechazan la instalación de proyectos que afectan la vida comunitaria, de ellas, cinco actas de asambleas se han asentado en el Registro Agrario Nacional, es decir, tienen reconocimiento oficial y carácter legal. “Las comunidades han tomado ya decisiones”, apuntó.
Tequio Jurídico afirmó que se deben reconocer esas actas de asamblea como parte de la autonomía y libre determinación que tienen los pueblos respecto a su vida y territorios. Las actas están fundamentadas en el derecho agrario e indígena, añadió.
Tequio Jurídico ha acompañado a comunidades en los procesos de consulta indígena implementados por el actual gobierno en los cuales ha identificado violaciones al derecho a tener información de manera previa, a ser tratados sin discriminación, a tener información suficiente y a respetar las dinámicas y tiempos de las comunidades, apuntó De la Cruz Cortés.
La organización formada por 15 jóvenes ha logrado el reconocimiento de los derechos agrarios de 100 mujeres en padrones comuneros, que ocho comunidades chontales rechazaran un programa de certificación para individualizar la tierra, y acompañaron procesos de creación de organizaciones comunitarias como la Asamblea Chontal para la Defensa del Territorio y la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec.
