Política minera protege desmesuradamente inversiones y anula los derechos de poblaciones, alerta.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 10 de julio de 2020
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) alertó que con la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), el pasado primero de julio, se reforzó la política extractiva minera a favor del despojo.
La organización ambientalista señaló que dicha política “protege desmesuradamente al inversor minero y anula los derechos de las poblaciones” y los trabajadores, quienes “progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales”.
Al analizar algunas partes del acuerdo comercial, REMA identificó que en el apartado sobre Medio Ambiente, específicamente el Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5 (24.2.5) y el 24.6.3, se subordinan las normas y políticas ambientales nacionales a los intereses de las compañías mineras canadienses y estadounidenses, y se busca desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos inconvenientes para los inversores, como la defensa del territorio.
Además, el TMEC sólo reconocen la existencia de “esquemas de simulación filantrópica”, pues varios artículos hablan de “ implementar prácticas voluntarias” y “mecanismos flexibles y voluntarios” para proteger el medio ambiente, identificó la REMA.
También destacó que resulta “particularmente pernicioso” el tema de Resolución de Controversias, donde las empresas pueden demandar por miles de millones de dólares en tribunales supranacionales en caso que consideren afectadas sus inversiones como ocurre con las restricciones ambientales.
Señaló que este recurso permanece disponible para las empresas estadounidenses, mientras que se le ha quitado para las canadienses, sin embargo éstas pueden recurrir al arbitraje cobijados del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica, vigente desde diciembre de 2018.
La organización recordó que México ha sido demandado 34 veces por parte de trasnacionales en tratados de libre comercio, 21 de ellas concluidas y 13 pendientes, por las que ha sido ordenado de pagar por lo menos 242.94 millones de dólares. Pero además, hay tres demandas pendientes, una de ellas por más de 3 mil millones de dólares por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration.
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