Claves para pensar la institucionalidad y políticas públicas de economía solidaria en México.
Gustavo M. de Oliveira
Profesor investigador titular del CIDE
En México, la atención institucional hacia la economía solidaria se remonta a 1927, con la aprobación de la Ley Cooperativa. En 1933, la ley experimentó pequeños ajustes. Sin embargo, fue en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando se realizaron ajustes profundos de carácter social y la ley pasó a llamarse Ley General de Sociedades Cooperativas. Después de varios años, en agosto de 1994, Carlos Salinas de Gortari transformó completamente la ley, alineándola con las demás políticas de su gobierno, es decir, convirtiéndola en una ley de corte neoliberal. Posteriormente, se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001, y la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria en 2013.
En el contexto previamente mencionado, la Ley de 2013 fue la que transformó el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES), que operaba desde 1991 en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Esta entidad ha tenido la responsabilidad de formular, implementar y evaluar las políticas públicas de economía solidaria en México. Sin embargo, el INAES nunca estuvo aislado de la estructura institucional mexicana; es decir, se convirtió en parte de una institucionalidad clientelista, corporativista y potencialmente corrupta. Hasta la llegada de López Obrador al gobierno federal en 2018, el INAES se limitaba principalmente a asignar recursos públicos a fondo perdido a determinadas organizaciones; siempre las mismas. Con la política de austeridad republicana del actual presidente la mencionada dinámica de asignación de recursos disminuyó y, por otro lado, se implementó una política de alcance nacional que prometía mucho: los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS). Aunque en teoría los NODESS se presentan como una política pública que se debe celebrar, en la realidad no han funcionado según lo esperado, principalmente debido a su enfoque universalista, la falta de personal calificado para su implementación y el presupuesto casi inexistente del INAES y por su parte, de los NODESS.
Es a ese contexto que Claudia Sheinbaum –en caso de ser electa en las elecciones de junio– se enfrentará. En este sentido, considero que las políticas públicas para la economía solidaria mexicana en el sexenio 2024-2030 solo podrán funcionar si se observan los siguientes puntos:
- Una política pública de carácter popular. Ausente en la institucionalidad mexicana hasta la fecha, será tarea de Sheinbaum construir instituciones participativas en las cuales los sujetos y sujetas pertenecientes a las experiencias de economía solidaria encuentre espacio para co-crear las políticas públicas en conjunto con el gobierno.
- Una política pública local y diversa. La diversidad cultural y territorial de México es una gran fortaleza; quizás la principal. En este sentido, es indispensable que “lo nacional” en relación con las políticas públicas de economía solidaria sea meramente coordinador. Cada territorio merece una política propia que considere sus particularidades. No es factible pensar en una política pública de corte universalista en un país tan rico en diversidad como México.
- Una política pública estratégica. Será necesario definir áreas estratégicas y prioritarias: 1) la autonomía presupuestaria del INAES, 2) la formación técnica y política, y 3) el campo/cultivo de alimentos. En el primer caso, es importante buscar la integración del INAES a la Secretaría de Economía en lugar de la de Bienestar. Así, además de dejar de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar pasando a la estructura de Economía, las políticas públicas de economía solidaria dejarán, de ser vistas como “políticas de los pobres”. Es más, una vez dentro de la estructura de Economía se podría conseguir presupuesto con mayor facilidad. En el segundo caso, se debe enfatizar la formación tanto de cuadros institucionales como de los sujetos y sujetas de las experiencias de economía solidaria, desde la dimensión técnica y política a la vez. En el tercer caso, se debe enfatizar el cultivo agroecológico de alimentos y la recuperación de formas tradicionales de cultivo, así como priorizar el cultivo del maíz nativo libre de agrotóxicos. La vinculación y colaboración con la academia son de suma importancia en los dos últimos puntos.
- Una política pública transitoria. Superar el carácter asistencialista y permanente de las políticas sociales de López Obrador será una tarea crucial de Sheinbaum. Las políticas públicas –especialmente, las de economías solidaria– deben tener un carácter transitorio y emancipador, sirviendo como base y estímulo hacia la autonomía y autogestión de las experiencias, para que estas no dependan del Estado a largo plazo.
- Una política pública anticolonial y antiextractivista. Reconocer quehaceres económicos milenarios implica reconocer el rol de los pueblos y comunidades indígenas y campesinos mexicanos. Las políticas públicas de economía solidaria deben considerar de forma integrada a ambos públicos (los de la economía solidaria en sí y los pueblos/comunidades indígenas y campesinas), lo que exige observar también la relación humanidad-naturaleza ya que afirmar y reproducir la vida es gestionar el trabajo y la relación con el ambiente a la vez. Solo una mirada anticolonial y antiextractivista podrá conectar a México con las discusiones ya más avanzadas en otros países de América Latina sobre el Buen Vivir como sistema alternativo (anticolonial y antiextractivista) al desarrollo capitalista.
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