En él se conjuntan los derechos a la autodeterminación y a un medio ambiente sano.
El pasado 16 de noviembre, el Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán ordenó suspensión provisional de la construcción de la granja avícola “Akutzá” propiedad de Bachoco, ubicada en el municipio de Peto, como respuesta a un amparo. Así lo reportó la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) a través de su blog.
El coordinador de justicia trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López, ha acompañado el amparo desde que fue presentado. En entrevista con La Coperacha el abogado expuso cuáles son los siguientes pasos para el amparo y cuál es su relevancia.
De acuerdo con Juan Antonio López, el amparo fue presentado por una persona vecina de la granja Akutzá, contra la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades mayas circundantes. Inicialmente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Estado de Yucatán negó que existiera el acto reclamado, es decir, el permiso de impacto ambiental otorgado a Bachoco.
De acuerdo con el abogado de ProDESC, la jueza que recibió el amparo autorizó la suspensión provisional porque “la empresa tercero interesada, que es Bachoco, al momento de hacer sus manifestaciones también presenta documentos que evidencian el acto”. Ello a pesar de que la SDS de Yucatán intentara negarlo.
En palabras de Juan Antonio López, “las autoridades ahí, tanto presidente municipal [de Peto] como la Secretaría de Ambiente de Estado de Yucatán, intentaron engañar al juzgado”. Pues, estas declararon la inexistencia del permiso otorgado e intentaron que el juzgado descartara el amparo.
Como resultado, la juzgadora no solo otorgó la suspensión, sino que instó a la SDS a vigilar que no prosigan las construcciones en Akutzá, además de rectificar sus informes iniciales en donde se reconozca la existencia del acto reclamado. Juan Antonio López espera que antes de terminarse 2023 se realice la audiencia incidental con la que se ratifique una suspensión definitiva.
En caso de otorgarse el amparo definitivo, la sentencia obligaría al Gobierno de Yucatán a restituir una consulta a los poblados mayas cercanos, tanto de su entidad como de Quintana Roo, dada la cercanía de la granja con la frontera entre ambos estados. De acuerdo con Juan Antonio, el amparo tiene más posibilidades de ganar el caso.
Caso relevante del Derecho Ambiental
En un boletín de ProDESC publicado el 16 de noviembre, Juan Antonio López comentó que “además de la protección a las comunidades indígenas, se sustenta en los mejores estándares de protección al medio ambiente, pues identifica a la naturaleza como un bien jurídico autónomo que debe ser protegido por su importancia para todo ser vivo, no solo para el ser humano”.
Juan Antonio lo explica, “en diferentes procedimientos jurídicos en varias partes del territorio nacional como como internacional también se ha estado determinando a la naturaleza con derechos. No solo el derecho humano que tenemos a un medio ambiente sano, sino también el derecho de la naturaleza a existir”.
Por el lado de la organización social “se está llevando un tema de defensa del territorio y del medio ambiente, sobre todo por la posibilidad de contaminación de los mantos acuíferos”. En la Península de Yucatán el suelo kárstico es especialmente vulnerable ante la infiltración de contaminantes, un riesgo notorio contra la Laguna de Chichankanab, ubicada a 5 km de Akutzá.
Seres humanos, animales y la selva dependen de cuerpos de agua como la laguna para mantener la vida, por lo que su contaminación por la producción avícola es un “riesgo inminente”, según Juan Antonio López. Si bien el amparo inicial fue presentado por una sola persona, el abogado espera que se unan más ejidos y comunidades, debido a las afecciones probables contra pozos y cenotes.
En Yucatán existen precedentes jurídicos referente a riesgo de daños contra el anillo de cenotes que cubre gran parte de la entidad, con los cuales se establece la tutela obligatoria del Estado para garantizar la continuidad e inocuidad de los mantos freáticos. El amparo coadyuvado por Juan Antonio López sigue dicha línea argumentativa, además de las violaciones a la consulta previa de las comunidades.
En opinión de Juan Antonio López, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas son una práctica común entre autoridades gubernamentales e inversionistas. Aunado a esto, estas se dan con la misma falta de respeto contra los derechos del medio ambiente.
“Este amparo ahorita lo que hace es unirse a muchos otros que se han presentado con anterioridad, con lo que se busca la protección de estos territorios y de este medio ambiente para así garantizar la continuidad de la vida, en momentos en los cuales se está hablando de un cambio climático muy fuerte”, remató Juan Antonio López.
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