Asesinatos de personas defensoras en México evidencian crisis política: Redecom

Foto: Expansión Política

Más de 60 organizaciones exigen justicia ante el incremento de agresiones.

Más de 60 organizaciones y comunidades exigieron justicia ante el “alarmante incremento de agresiones” contra personas defensoras en México, y exigieron justicia ante los asesinatos ocurridos en diferentes estados durante el actual gobierno que evidencia crisis política.

A través de un comunicado las organizaciones nombraron a 22 personas defensoras asesinadas y una desaparecida en los estados de Oaxaca, Sonora, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Puebla.

Entre ellas se nombran a Fidel Heras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz, María Jesús Gómez Vega, Jesús Robledo Cruz, Luis Urbano Domínguez, Tomás Rojo Valencia, María Eufemia Reyes Esquivel, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes, José Luis Chávez, Manuel Carmona Esquivel, Simón Pedro Pérez López, Carlos Márquez Oyorzábal, Marco Antonio Arcos Fuentes, José Ascensión Carrillo Vázquez, Samir Flores Soberanes, Miguel Vázquez Martínez.

La red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) y decenas de organizaciones se pronunciaron contra la violencia de la que son objeto así como contra el saqueo de la vida y los territorios.

Señalaron que la falta de respuesta del Estado mexicano y la intervención de poderes fácticos como caciques y crimen organizado hacen compleja la labor de las personas defensoras de derechos humanos y el territorio.

“Mientras existan intereses empresariales en los territorios, las defensoras y defensores continuaremos en vulnerabilidad y ante un riesgo alarmante de ser agredidos o asesinados”, apuntaron. Por ello se pronunciaron por la necesidad de respuesta inmediata de los organismos de Derechos Humanos y de procuración de justicia.

Reconocieron la lucha legal y pacífica de las comunidades de Quiatoni, Capulálpam de Méndez, Magdalena Teitipac, Cuatro Venados y el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, ante proyectos mineros en Oaxaca, y responsabilizaron a las empresas promotoras por cualquier agresión contra personas defensoras.

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