Miguel Borrel y Ángel Martín Junquera solicitan “criterio de oportunidad” y entregan 20 pruebas.
El ex director jurídico de la cooperativa La Cruz Azul, Miguel Eduardo Borrel Rodríguez, así como el principal asesor legal de Guillermo Álvarez Cuevas, el abogado Ángel Martín Junquera, solicitaron el “criterio de oportunidad” y entregaron 20 pruebas que señalan a “Billy” Álvarez como presunto autor intelectual de sobornos, extorsiones, fabricación de delitos y desvío millonario de recursos.
Los dos personajes, que tienen órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, son identificados como parte del equipo cercano del ex director general de La Cruz Azul. Ambos presentaron escritos ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de suspender las órdenes de aprehensión en su contra, donde ofrecen detalles de cómo se operaron dichos delitos.
Desvío de recursos
Miguel Borrel declara que fue convocado en 2012 a una reunión en las oficinas de la cooperativa donde también estuvieron Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, el ex director jurídico Víctor Garcés Rojo, Mario Sánchez Álvarez y el abogado Ángel Martín Junquera.
En dicha reunión, relata, Garcés Rojo y los hermanos Álvarez Cuevas solicitaron a Martín Junquera que los auxiliara para obtener recursos de la cooperativa, que no pudieran ser auditables o seguir el rastro, pues necesitaban de ellos para repartirlos a socios por conceptos de bonos o a diversas autoridades.
Borrel también señala que tuvo conocimiento de la existencia de diversas empresas “contratadas por sugerencia o imposición del abogado Manuel Junquera Sepúlveda, para la supuesta presentación de determinados servicios profesionales, sin embargo de esas empresas jamás vi un solo entregable o la materialidad de los supuestos servicios prestados”.
Algunas de las empresas nombradas por Borrel son Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV, Asesorías Profesionales Eicer SA de CV, K&C Consulting SA de CV, y Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV.
Por su parte, Martín Junquera Sepúlveda afirmó que sobornó a Miguel Eduardo Borell, a quien le entregó de 2014 a 2018, la suma de 54 millones 421 mil 500 pesos; también entregó recursos a Omar Sánchez Romero y a Garcés Rojo.
Describió una “red de cobros” que permitieron el desvío de recursos y lavado de dinero. Además, aportó información sobre el desvío de un fideicomiso que fue descapitalizado, que originalmente estaba destinado para el pago de pensiones a jubilados.
Fábrica de delitos
Borell sostuvo que se implementó una estrategia para “amedrentar y desactivar” a los socios disidentes, a través de la fabricación de acusaciones falsas, las cuales se crearon desde la Dirección General de la cooperativa.
Borrel aclara que tuvo conocimiento de esa estrategia y acusaciones “una vez que ya se habían implementado por lo que no las diseñé ni participé en su ejecución”. Apunta a Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés como los autores intelectuales de ella.
En octubre de 2017, “Billy” Álvarez, Alfredo Álvarez y Garcés Rojo, citaron a Federico Sarabia Pozo, Ramsés Dolores Anguiano y Tomás Rivera Carrasco, “y en conjunto idearon presentar una denuncia contra disidentes para que se fueran a la cárcel”. Las denuncias eran sobre la subsidiaria de la cooperativa Azul Cerámica.
Alfredo Álvarez también “maquinó” denuncias falsas contra socios en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de su ahijada Patricia Negrete Aguirre, apunta Miguel Borrel.
Con información de La Silla Rota y Milenio.
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