Organizaciones exigen cesar represión en la defensa del territorio ante afectaciones de mega granja porcícola.
organizaciones denunciaron a través de un comunicado que la comunidad maya de Sitilpech, en Yucatán, fue desalojada con violencia en la madrugada de este sábado por 70 policías estatales y municipales del plantón que instalaron en el municipio de Izamal para exigir el cierre de una granja porcícola que contaminó el agua de su región y les ha provocado enfermedades.
En 2021, miembros de la comunidad maya presentaron una denuncia en contra de la empresa porcícola Productos Pecuario para Consumo, aparcera de Kekén, debido a que “vulneran sus derechos al medio ambiente, la salud, el territorio, la participación en la toma de decisiones, el consentimiento, y la determinación y autonomía del pueblo”, indicaron La Esperanza de Sitilpech, Kanan Derechos Humanos y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Después de un par de años de trabajo colectivo y defensa legal, la comunidad de Sitilpech logró frenar la operación de la mega granja. Pero nueve meses después de esta resolución, “el poder del empresariado porcícola en Yucatán logró que el Tribunal Colegiado, bajo propuesta del magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, desechara el caso judicial, permitiendo así el reinicio de operaciones de la mega granja”, detallaron.
Por esta razón, integrantes de la comunidad de Sitilpech mantenía un plantón desde hace diez días. Durante el desalojo de la madrugada del sábado 18 de febrero un grupo de policías buscaron retirarlos para permitir el ingreso de un camión de la empresa dedicada la crianza de 50 mil cerdos, “la policía golpeó a mujeres, adultos mayores y menores de edad, además de robarles pertenencias y dañar sus motocicletas y vehículos”, aseguraron.
Por ello, exigen a las autoridades “acatar la resolución judicial y cesar la criminalización, represión y violencia en contra de la comunidad maya de Sitilpech y quienes integran el colectivo La Esperanza de Siltilpech”.
Además, Kanan informó que ya cuentan con un amparo indirecto, registrado en el expediente 286/2023, mismo que fue interpuesto por habitantes de la comunidad tras la represión de la cual fueron víctimas, en donde “demandan violaciones a los derechos a la libre determinación, la libertad de expresión y posible riesgo de desaparición forzada o detenciones arbitrarias que supone este tipo de intervenciones”.
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