Comunidades purépechas toman carreteras en Michoacán

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Foto: CSIM

Exigen justicia para asesinados y desaparecidos indígenas en el Día Internacional de la Lengua Materna.

Comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán, tomaron seis carreteras federales en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, para exigir justicia para los defensores de los bosques, de los derechos colectivos y de las comunidades indígenas desaparecidos y asesinados.

Desde la mañana de este día, las comunidades tomaron las carreteras de Cherán-Zamora, a la altura de Santo Tomás; Pátzcuaro-Uruapan, en San Juan Tumbío; Paracho-Uruapan, en el Parque Comunal; Morelia-Lázaro Cárdenas, en Caltzontzin; Uruapan-Los Reyes, en Zacán; y Pátzcuaro-Erogarícuaro, en Uricho.

Los manifestantes expresaron en un comunicado que “las lenguas indígenas no mueren por sí solas, sino que mueren cuando sus hablantes son asesinados, desaparecidos y violentados”. Denunciaron que las lenguas desaparecen si no se garantizan las condiciones para que sus hablantes vivan con dignidad, en respeto a sus territorios, recursos naturales y a la cultura ancestral.

“El Estado mexicano ni siquiera ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida de los habitantes de los pueblos originarios, toda vez que los defensores de los bosques, de los derechos humanos y de nuestras comunidades continúan siendo desaparecidos y asesinados”, enfatizaron.

La manifestación desarrollada por el CSIM, donde participan autoridades y representantes de 70 comunidades indígenas, también demandó establecer una mesa de trabajo con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en cumplimiento de acuerdos previos para instaurar un Plan de Justicia P’urhépecha.

También exigieron una mesa de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para garantizar la seguridad en comunidades con autogobiernos indígenas.

El pliego de los manifestantes cierra con la exigencia al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de que no retarde la resolución del juicio para la protección de los derechos político electorales de la comunidad de Uricho, los cuales fueron violentados el 15 de enero cuando se boicoteó y suspendió la asamblea donde decidirían sobre su autonomía y la administración del presupuesto directo.

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