Muestran casos de violaciones a derechos humanos y devastación ambiental generadas por las mineras.
El Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, y una decena de organizaciones, reprobaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las 125 mineras canadienses en México.
En la mañanera del 18 de diciembre López Obrador expresó que “la mayoría de las mineras canadienses nos están ayudando a que no se destruya el territorio y que se cuide el medio ambiente”. Dicha afirmación fue calificada por las organizaciones como inaceptable y falsa.
Decir eso “es un agravio a todos los pueblos que hemos vivido graves situaciones de daños en nuestros territorios y agresiones a nuestra salud y seguridad”, señalaron las organizaciones y comunidades.
Añadieron que con ese dicho se deja claro que gobierno federal antepone el crecimiento económico y la ganancia al cuidado de la vida.
Señalaron algunas ejemplos de los impactos negativos de las mineras canadienses a las comunidades y los territorios donde se asientan, como el caso de Minera Gorrión de Almaden Minerals, asentada en Ixcamaxtitlán, Puebla, la cual ha generado violaciones que han sido documentadas contra los derechos humanos de los pobladores.
En Carrizalillo, Guerrero, la minera Equinox Gold, criminalizó a los dueños de la tierra cuando protestaron por el incumplimiento de un convenio, apuntaron. En Zacatecas, Pan American Silver orilló al desplazamiento forzado de la comunidad La Colorada para expandir operaciones.
En Guanajuato, la minera Great Panther contaminó el agua de las presas La Soledad y la Esperanza; en Cocula, Guerrero, también se contaminaron los cuerpos de agua con los derrames de arsénico de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, mencionaron.
Destacaron el caso del asesinato del defensor Mariano Abarca, quien junto a los habitantes de Chicomuselo, Chiapas, se oponían a las operaciones de la minera Black Fire Explorations. En dicho suceso el juez federal de Canadá, Keith Boswell, señaló: “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “hubiese actuado de otra manera”.
Las organizaciones y comunidades expresaron que la falta de interés del gobierno federal por modificar la ley minera vigente favorece a las mineras sobre los pueblos, situación que permite que las empresas cometan violaciones de derechos humanos y devastación ambiental.
En consecuencia, y ante la omisión de actuar para frenar el despojo a las comunidades, “el gobierno federal es responsable de las agresiones que estas empresas continúen generando hacia defensores del territorio y la madre tierra”, subrayaron.
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