Caso evaluará responsabilidad de las multinacionales francesas ante las comunidades.
ProDESC México informó que la Corte de Apelaciones de París admitió a trámite la demanda de la comunidad zapoteca Unión Hidalgo, Oaxaca, contra la empresa Electricité de France (EDF), por no respetar su derecho al “consentimiento libre, previo e informado en la planificación del parque eólico Gunaa Sicarú”.
En 2020 autoridades agrarias de Unión Hidalgo presentaron ante el Tribunal Civil de París una demanda contra EDF, en el marco de la “Ley Francesa sobre el Deber de Vigilancia de las Empresas”, con apoyo del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y la organización francesa Tierra Solidaria.
Además, ProDES señaló que EDF fue omisa contra la “intimidación, el acoso y la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos que criticaban el proyecto”. Así que celebraron la admisión de la demanda, después de una apelación inicial de EDF, pues “aclaró pasos cruciales relacionados con el acceso a la justicia para futuros casos” relacionados con la debida diligencia.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de París no ordenó a EDF suspender el proyecto, lo que limita el objeto preventivo de la Ley, de acuerdo con las ONG involucradas. Ahora la Corte analizará el fondo del caso para evaluar si EDF cumplió con un plan de mitigación de riesgos de violaciones a los derechos de autonomía y territoriales de Unión Hidalgo.
A la defensora de Unión Hidalgo, Guadalupe Ramírez le alienta la decisión del tribunal, porque da paso a una posible impugnación de “acciones corporativas que violan nuestros derechos sobre tierras comunales”, a pesar de no concederse medidas cautelares por la “clara evidencia de los riesgos y violaciones que enfrentamos”.
Con la declaratoria de admisibilidad se fortalece la obligación del “deber de vigilancia” para las multinacionales francesas, pues la Corte de Apelaciones redujo la ambigüedad de la Ley francesa sobre los requisitos de “notificación formal” por parte de las comunidades afectadas.
Chloé Bailey, asesora legal del ECCHR, consideró que “este caso presenta una oportunidad única para aclarar la responsabilidad corporativa de defender los derechos indígenas en un entorno transnacional”, después de tres años de discusiones procesales el caso avanza al fondo del asunto, “si EDF cumple con su deber de viligancia”.
Para el Coordinador de Justicia Transnacional de ProDES, Guillermo Torres, “esta decisión histórica envía un mensaje claro a las empresas transnacionales: sus actividades pueden estar sujetas a revisión judicial siempre que no cumplan con la ley”.
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