Organización comunitaria ha sido clave para detener avance del extractivismo, destaca investigación.
La organización comunitaria Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, se movilizó en la ciudad de Oaxaca en rechazo a la imposición de proyectos mineros en la entidad, exigiendo principalmente el cierre del proyecto minero San José, ubicado en Valles Centrales, así como la implementación de un plan integral de mitigación y reparación de los daños causados.
El frente acusó omisión, silencio y complicidad del los gobiernos federal y estatal, quienes han favorecido a las mineras, a pesar de haber recibido múltiples denuncias y pruebas sobre sus impactos negativos, incluso autorizando nuevas concesiones para el proyecto San José sin el consentimiento de las comunidades.
Las organizaciones que integran el frente exigieron al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca resolver los amparos promovidos por las comunidades fundamentados en derechos reconocidos en la Constitución como la Libre Determinación, Derecho al Territorio y al Medio Ambiente Sano.
A la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C, operadora del minera San José, le reiteraron que no cuentan ni contará con el consentimiento de las comunidades. También reiteraron el compromiso con otras comunidades de Oaxaca en sus diferentes resistencias por el agua, el territorio, la salud y la vida.
Panorama minero en Oaxaca
La organización Educa Oaxaca, publicó un informe sobre la situación de la minería en la entidad, donde destaca que existen 261 licencias vigentes, de las cuales 30% están en manos de empresas extranjeras, entre ellas, de Estados Unidos, Perú, Canadá, Suiza y Luxemburgo. Además, existen 42 proyectos mineros, la mayoría en fase de exploración y desarrollo.
El informe añade que los tres proyectos mineros activos de Valles Centrales han obtenido en promedio ingresos anuales de 226 millones de dólares (equivalente a 4,3 mil millones de pesos mexicanos), sin embargo en los últimos 5 años sus ganancias se han duplicado por el incremento en las bolsas de valores mundiales.
Destaca el documento que a pesar de esas enormes ganancias se van al extranjero, “las comunidades cargan con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios”.
El informe añade que existen instituciones débiles que no protegen a las comunidades. Por un lado, el Estado anuncia varias reformas destinadas a fortalecer a las comunidades, sin embargo excluye deliberadamente el derecho al territorio y a decidir sobre los recursos naturales.
Otra debilidad del Estado, dice el reporte, se ejemplifica con la explotación ilegal de proyectos mineros como La Mixteca y La Natividad, en la Sierra Norte, donde se ha operado durante años sin la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente provocando contaminación con plomo y arsénico de río Grande, así como la pérdida de 13 manantiales.
El informe concluye destacando que ha sido a través de la organización comunitaria y el uso de diversas herramientas legales, como las declaraciones de teritorios libres de minería, registrados en el RAN, como se ha podido detener el avance del extractivismo; sin embargo “la amenaza persiste en territorios de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco y afromexicano”.
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