Propone ir por Nuevo Reglamento de Trabajo No Asalariado.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 06 de junio de 2019
Una vez que el Congreso de la Ciudad de México suspendió el carácter de falta administrativa al trabajo sexual en la Ley de Cultura Cívica, falta garantizar los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, afirmó la Brigada Callejera.
Elvira Madrid, presidenta de la organización con 30 años en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, señaló que el cambio en la ley es bienvenido pero “queda pendiente el marco jurídico que dé certeza y seguridad jurídica a las y los trabajadores sexuales no asalariados en la Ciudad de México”.
Propuso que cualquier iniciativa de ley debe colocar a la Secretaría del Trabajo como rectora del trabajo sexual, así como un Nuevo Reglamento de Trabajo No Asalariado que no incluya aspectos discriminatorios.
Para crear dicho reglamento, sostuvo, se tendría que considerar a los gremios de trabajadores no asalariados e informales, a la nueva Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), a la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México, así como a autoridades sanitarias, especialistas en VIH/SIDA y derechos humanos.
“Lo que no se vale en ningún marco jurídico es mermar los derechos humanos laborales alcanzados previamente en la Ciudad de México por la Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual”, afirmó la activista.
En 2014, luego de un Amparo promovido por socias de la cooperativa de trabajo sexual Ángeles en Búsqueda de la Libertad, Brigada Callejera y el despacho jurídico Tierra Libertad, se obtuvo el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad legal y constitucional.
El 17 de mayo el Congreso de la Ciudad aprobó la Ley de Cultura Cívica que consideraba como falta administrativa invitar o ejercer la prostitución, y sancionaba con multa, arresto de 13 a 24 horas o hasta 12 horas de trabajo comunitario. Ante ello organizaciones se manifestaron contra lo que denominaron criminalización del trabajo sexual.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó la publicación de la ley, calificó la redacción como una violación a las libertades constitucionales y exigió la enmienda. “El trabajo sexual es un fenómeno social de gran complejidad que posee un abanico amplio de prácticas por lo que se debe buscar innovar en cuanto a su regulación jurídica y no solo pretender sancionarlo o reprimirlo”.
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