Conflictos agrarios y megaproyectos traen despojo, desplazamiento, criminalización y asesinatos de defensores.
En conferencia de prensa 33 organizaciones, redes y colectivas, denunciaron que la situación actual de Oaxaca es alarmante, pues existe una grave crisis de derechos humanos en la entidad, la cual ocupa el primer lugar de asesinatos a personas defensoras en el país.
Al presentar el informe “Situación sobre el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca”, las organizaciones alertaron que debido a la persistencia de conflictos agrarios, y la imposición de megaproyectos, las consecuencias han sido desplazamiento forzado, despojo, criminalización, fabricación de delitos y asesinatos de personas defensoras.
De diciembre de 2018 a octubre de 2024 fueron asesinadas 58 personas defensoras en Oaxaca, 55 de ellas pertenecían a pueblos indígenas, equivalente al 95% de los casos, documenta el informe.
Entre los asesinatos a personas defensoras se documentó el reciente ataque a la comunidad mixe de El Platanillo, donde fueron ultimados Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino Jiménez y Abraham Quirino Agustín.
Además se documentó la fabricación de delitos para personas defensoras de la comunidad chontal de El Coyul, Huamelula, que al mismo tiempo resisten el despojo de sus tierras para un proyecto turístico inmobiliario.
También se documentó la existencia de 24 procesos judiciales donde se criminaliza a personas indígenas ayuujk y binnizaa de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi; y de Rincón Viejo, del municipio de Petapa, por oponerse a la ampliación del Corredor Interoceánico.
Un caso de desplazamiento forzado y despojo documentado en el informe es el de 300 familias de las comunidades mixtecas de Guerrero Grande, Ndoyonojui y Mier y Terán del municipio de San Esteban Atatlahuaca, a quienes les quemaron sus casas y se vieron obligadas a desplazarce por su labor de defensa del bosque.
También se documentaron feminicidios, crímenes de odio, crisis en el sistema de salud, deterioro ambiental, extractivismo y falta de acceso efectivo a la justicia.
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