Ataque del crimen organizado dejó dos fallecidos, mientras que policía municipal protegió a delincuentes.
Luego de los hechos de violencia contra la comunidad purépecha de Acachuén, comuneros exigieron la renuncia de la presidenta municipal, Alejandra Ortiz Suárez.
Acachuén denunció que el 6 de mayo recibió un ataque del crimen organizado que dejó un saldo de dos comuneros muertos y uno herido, a lo que se sumó el arribo de policías municipales de Chilchota en apoyo a los presuntos criminales.
En las protestas, comuneros de Acachuén irrumpieron en la presidencia municipal de Chilchota y quemaron mobiliario. También reclamaron la omisión de abrir una mesa de diálogo con el gobierno estatal y municipal para atender la crisis de seguridad y reclamar justicia por el reciente ataque.
En ese contexto, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que sigue el acoso contra la comunidad indígena de Acachuén y la complicidad del gobierno con el crimen organizado, que se materializó en la represión de la policía estatal contra el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que se manifestaba bloqueando la Autopista Siglo XXI el 11 de mayo.
El CNI responsabilizó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y a la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz, por el riesgo que corren la integridad y la vida de los habitantes de Acachuén.
La organización indígena se sumó a la exigencia de remoción inmediata de la presidenta municipal. Demandó castigo a los policías municipales y funcionarios implicados con el crimen organizado, así como a los policías estatales y sus mandos que reprimieron al CSIM y la instalación urgente de la mesa de diálogo demandada por Acachuén.
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