Juzgado elimina el bloqueo a proyectos de energía renovable que reducen las emisiones que contribuyen al cambio climático
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 20 de noviembre de 2020
Greenpeace México ganó el amparo en contra del Acuerdo para garantizar la eficacia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en el cual limitaba la operación de las plantas de generación de energía renovable y frenaba, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de nuevas plantas renovables.
Por su parte, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad de la Secretaría de Energía (SENER), puso en marcha plantas de generación eléctrica a base de combustóleo en mayo, programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su insuficiencia, altos costos económicos, de salud, ambiental y por sus emisiones de gases efecto invernadero.
Al acontecer estos actos, Greenpeace México presentó un amparo en contra de estos dos instrumentos de política pública por considerar que ambos violan derechos humanos, en junio se otorgó la suspensión definitiva a favor.
El 18 de noviembre, el Juzgado Segundo de Distrito invalidó la totalidad de ambos instrumentos jurídicos, con lo cual se elimina el bloqueo a los proyectos a cualquier escala y permite que las energías renovables sigan siendo una alternativa en el país y así poder reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático.
El especialista en cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, celebró la decisión judicial y señaló que “estas tienen que ser con estricto respeto a los derechos humanos, por lo que exigimos a las autoridades a castigar cualquier irregularidad en los procesos y proyectos sin que esto signifique bloquear las tecnologías renovables”.
“Esta decisión también abre la posibilidad para que SENER dé un giro en su política energética y apueste por energías renovables en lugar de seguir favoreciendo los combustibles fósiles”, agregó.
Los acuerdos combatidos configuraban un riesgo al medio ambiente y a la salud en su producción y uso de energías convencionales que emplean combustibles fósiles, además de limitar la generación de electricidad con energías renovables como el viento y la luz solar.
El Juzgado estima que ambos acuerdos constituyen medidas regresivas contrarias al mandato constitucional de sustentabilidad, al mandato de transición energética y a la atención a compromisos internacionales en torno al cambio climático.
Greenpeace puntualizó que esta decisión garantiza los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a la legalidad.
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