Acusan a Mercedes Carballo, presidenta municipal de Chilapa, de disponer recursos municipales para Los Ardillos.
El Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) exigieron frenar la muerte, la indiferencia y el desprecio que viven las comunidades nahuas de Chilapa, Guerrero.
Como parte de la visita que realizan organizaciones y periodistas a las comunidades desplazadas por la violencia criminal, la indígena nahua Bernardina, leyó el Manifiesto de Alcozacán donde las comunidades reprocharon al gobierno federal su desinterés. “¿Por qué piensan que Los Ardillos no nos volverán a atacar si su organización no ha sido tocada, investigada, desarticulada?”, cuestionó.
La lectura del manifiesto ocurrió en la cancha de la comunidad de Alcozacán, en presencia de unos dos mil indígenas desplazados e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S).
En el documento acusaron a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, de ser parte de la estructura político-criminal que protege al grupo de Los Ardillos, pues además de ser cuñada de Celso Ortega, líder del grupo delincuencial, les pone a su disposición los recursos municipales para comprar armas, afirmaron.
Añadieron que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “no ha tenido la capacidad de detener la violencia en el estado, al contrario, ha pactado con los grupos delincuenciales”. Además, “los asesinos siguen estando libres, porque no han sido detenidos, porque no hay investigación ni un mínimo esfuerzo por llegar a la verdad”, reprocharon.
Calificaron de mentiras los señalamientos de autoridades que colocaban al CIPOG-EZ y a la CRAC-PF como grupos delincuenciales, “pretendían criminalizarnos para encubrir a Los Ardillos creando la narrativa de un enfrentamiento entre grupos criminales”.
Afirmaron que, contrario a lo que se ha difundido sobre el regreso a la normalidad, “esta comunidad está prácticamente desierta, sólo quedan algunas especies animales heridas y con mucho sufrimiento”.
Señalaron que las tarjetas y apoyos a las comunidades anunciadas, no equivalen a verdad y justicia.
Exigencias concretas
Exigieron respeto a la libre determinación de los pueblos y algunas peticiones concretas. Entre ellas, solicitaron la instalaciones de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales para garantizar las seguridad y no un cuartel militar.
Soliciaron que se otorguen los recursos del Ramo 33, “porque llevamos años sin ver un solo peso que la federación aporta a los municipios para que se entreguen a las comunidades”.
Sumado a ello, exigieron un Banco del Bienestar en la comunidad, “porque cada vez que bajamos a Chilapa (al banco), nuestra vida corre riesgo”.
Asímismo, exigieron la instalación de un centro de salud ampliado y la construcción de un bachillerato con maestras y maestros. Además, la entrega del apoyo a las familias de las 81 personas asesinadas y 25 personas desaparecidas en 10 años de asedio criminal.
Finalmente, pidieron estar inscritos en la Comisión Nacional de Vivienda para realizar autoconstrucción y la instalación de torres de transmisión para una radio comunitaria.
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