Deforesta, contamina el agua y violenta derechos de pueblos indígenas, señala investigación.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 12 de mayo de 2020
La industria porcícola en la península Maya ha crecido de manera exponencial cobijado del Gobierno Federal, invade Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), contamina el agua, deforesta la selva maya y viola los derechos humanos de los pueblos indígenas, señala una investigación de Greenpeace México.
El informe “La carne que está consumiendo al planeta. ¿Qué hay detrás de la industria porcícola de la península de Yucatán?”, publicado este día destaca que de las 257 granjas registradas, 47% están en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad, 20 de ellas están en sitios de conservación y 120 en lugares de restauración.
Además, 43 granjas se ubican en ANP’s y una en un sitio RAMSAR, clasificación de humedales de importancia internacional. Y tan sólo 22 de las 257 granjas operan con Manifestación de Impacto Ambiental.
De acuerdo al informe la deforestación ha arrasado con 10 mil 997 hectáreas de selva en la zona, lo que amenaza a especies carismáticas en peligro de extinción o amenazadas como el jaguar o los peces ciegos en cenotes.
Agua puerca
A partir de muestras de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierten en la selva y un cenote, la investigación encontró que, en 5 de 8 muestras, se rebasó la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.
Además en todas se exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA.
Pueblos amenazados
Los pobladores expresaron su temor por la contaminación del agua, la afectación al ecoturismo de los cenotes y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas como la libre determinación, y a la consulta previa, libre e informada, ya que en la mayoría de los casos no se consultó la llegada de la industria porcícola. El 86% de ellas se localiza en territorios de hablantes mayas.
Greenpeace identificó violaciones a los derechos a la tierra y el territorio (Artículo 2), a la salud, a un medio ambiente sano y al agua (artículo 4), así como al acceso a la justicia (artículo 17) y a la protección a los elementos naturales (artículo 27).
El documento recoge testimonios de abusos laborales a pobladores de comunidades por pagos incompletos, jornadas laborales extenuantes, despidos antes del pago de aguinaldos y condiciones insalubres.
Otros testimonios narran afectaciones a los niños de un kínder pues cuando sacan a los cerdos de las granjas el olor es insoportable. Además, se documentó que para construir la granja de Kekén se vendieron tierras ejidales del Ejido San Fernando sin que se realizara una asamblea donde todos estuvieran de acuerdo.
También se recoge el testimonio de Manuel Casanova, un apicultor maya amenazado por los dueños de una granja con clausurar su camino si no retira su apiario que tiene más de 20 años de vida y el cual se ubica a 30 metros.
La organización ambientalista demandó al Gobierno Federal y local poner un alto a las granjas industriales, así como realizar una ordenación rigurosa para que por ningún motivo se permita ocupar suelo de conservación y crear un sistema de monitoreo de la calidad del agua.
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