Desde la Comunalidad
Jaime Martínez Luna
Guelatao de Juárez, Oaxaca
Ministros y jueces serán elegidos por voto secreto de toda la población. Esto se oye bien, pues esta elección era responsabilidad del ejecutivo federal con el aval del legislativo. Es decir, se decidía entre poderes, ahora no, será una votación popular.
Los argumentos que se han expuesto aparecen ante nuestros ojos como justos y necesarios. La corrupción, la inercia, el nepotismo se habían enseñoreado del poder judicial. A últimas fechas, esta corrupción invadía todo trámite para exigir y defenderse de la justicia.
Por lo mismo, el que la elección se deposite en la voluntad de la Población, no puede demostrar más que un afán de reducir la prepotencia privilegiada de toda autoridad judicial. Sin embargo, de esta forma puede decirse que se democratiza la justicia. Y como tal, el poder judicial padecerá los mismos límites que ostenta en la elección “democrática” el poder ejecutivo y legislativo. Democracia es democracia donde se practique. Y he aquí la cuestión.
Si la democracia partidista, se funda en la simulación, en un voto oscuro, en una cuantificación reductora del pensamiento político, etc., ese será también el ejercicio democrático del poder judicial.
Cierto. Se puede esperar mucho de un ministro elegido por el “Pueblo” pero si su elección adolece de las fórmulas “democráticas” la cosa en verdad es de dudar. Sí. Una elección masiva, impide conocer con toda seriedad al candidato a ocupar cualquier nivel de cargo judicial que se necesite. Se podrá conocer al juez cercano, y en lo rural, no en lo urbano, pero la de un circuito, el de un distrito, menos el de un magistrado o ministro.
Para acabarla, en nada se habla de los contenidos o de las formas de hacer Justicia.
Debemos precisar que existen dos formas de hacer justicia. La de especialistas que tienen el privilegio de dar por verdadera su interpretación de la Ley, y la otra, que es un ACUERDO, entre personas que conocen las relaciones que ostenta tanto la víctima como el victimario de un hecho. La primera que es derecho positivo o demostrable con pruebas de un hecho, y la otra que es el acuerdo desde la diversidad de criterios de las relaciones que se tiene con el mundo que se habita. La primera individualitaria, la segunda Comunalitaria. La primera de estas Justicia es la Occidental, la Romana, es decir la ajena que ya es hegemónica, y la otra, que es derivada de nuestra civilización.
Sí, porque la necesidad de justicia ha existido siempre, pero es distinto cuando el dictamen se ejercita desde lo sensorial, desde lo demostrable, y otra de la reflexión existencial depositada en criterios de los que habitan el lugar del suceso.
De lo anterior no se habla en esta elección, solo de los protagonistas en las elecciones. Por lo tanto, las campañas son más campañas políticas para conocer a los candidatos, y no a conocer los razonamientos judiciales que orientarán el actuar jurídico de cada candidato.
Y conste, hago estos comentarios después de haber expuesto la importancia que tiene que profesionales de Pueblos Originarios actúen como ministros o jueces del poder Judicial.
Cierto, es hora de honestar la acción judicial, pero también es hora de entender que cada contexto merece el debido respeto a su forma de hacer justicia. Es decir, ha llegado el momento de detener toda homogeneización de la acción judicial, y atender jurídicamente sobre la base de la diversidad. Si a esto se le llama pluriculturalidad, plurinacionalidad, interculturalidad, derechos comunales, etc., eso será, pero que se avance, eliminando viejos conceptos liberales que simplemente nos vuelven a encarcelar.
Imagen: Alejandro Santiago. (Teococuilco, Oaxaca,1964-Oaxaca, Oaxaca-2013). Caras.
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