Organizaciones muestran pruebas periciales que indican daño irreversible en la Península de Yucatán.
De acuerdo a nuevas pruebas periciales presentadas en el juicio de amparo que sostienen comunidades contra el Tren Maya, se proyecta que la Península de Yucatán perdería en 2050 más de 2 millones de hectáreas de su cobertura natural, lo que representa el 20% del territorio, equivalente a casi 14 veces el tamaño de la Ciudad de México, informaron en un comunicado.
Los peritajes elaborados por especialistas en impacto ambiental, conservación biológica, biogeografía, restauración ecológica, biología de la conservación, también proyectaron un crecimiento urbano del 24%, calculado en 72 mil 490 ha, más de 100 mil veces el tamaño de un campo de fútbol profesional.
De no frenarse el megaproyecto habría pérdidas irreversibles como la fragmentación de ecosistemas y la pérdida de conectividad biológica, afectación a especies como el jaguar, tapir y pecarí; disminución de la polinización, de la dispersión de semillas y del control de plagas; así como una baja en la captura de carbono.
Se calcula que habría una aceleración en el cambio de uso de suelo, lo que provocaría que el área destinada a la agricultura crecería un 64% (20 veces el tamaño de Cozumel), y la cobertura pecuaria aumentaría en 37%, casi un millón de ha adicionales (dos veces el tamaño de Tlaxcala).
El peritaje concluyó que el Tren Maya no tuvo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral, como exige la legislación ambiental mexicana, sino Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) segmentadas y presentadas en diferentes momentos, lo que impide identificar los efectos acumulativos del megaproyecto. También concluye que las medidas de mitigación propuestas son ineficaces o inaplicables.
Las comunidades y organizaciones denunciaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha retrasado el cierre del juicio con solicitudes de prorrogas sin sustento, con un patrón dilatorio orientado hasta la reestructuración del juzgado pasando las elecciones del Poder Judicial.
Señalaron que el 4 de junio se tiene programada una audiencia constitucional, por lo que urgieron al Poder Judicial resolver con base en las pruebas periciales y documentales, frenar la destrucción ecológica, garantizar respeto a los derechos de los pueblos y ordenar la cancelación definitiva del Tren Maya.
Las organizaciones que participan del juicio de amparo son Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), CartoCrítica, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Kanan Derechos Humanos, entre otras.
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