La consulta no ha sido previa, libre, informada, de buena fe, ni apegada a la cultura indígena, señalan representantes de Hopelchén.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 23 de marzo de 2017
Los representantes de las comunidades mayas de Hopelchén, Leydy Pech y Gustavo Huchin, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una denuncia por violaciones al proceso de consulta indígena, la cual, afirmaron, no ha sido previa, ni libre, ni informada, ni de buena fe, ni culturalmente adecuada.
El 4 de noviembre de 2015 la Segunda Sala de la SCJN emitió una sentencia en contra de los permisos otorgados a Monsanto para sembrar soya transgénica en regiones de Campeche y ordenó una consulta al pueblo maya en los términos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que debe ser libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, a fin de proteger sus derechos y garantizar su participación en las decisiones que los afectan.
Los representantes mayas regresaron a la Segunda Sala para solicitar a los magistrados establecer las medidas necesarias para hacer efectivas sus propias resoluciones y reiterarles que tienen una oportunidad histórica “de poner freno a estas políticas que están dañando nuestra cultura, nuestro entorno, nuestra salud y nuestra economía”.
En el documento entregado a la SCJN, los también integrantes del Colectivo Los Chenes denunciaron que a pesar de la prohibición, aún se siembra soya transgénica en diversas regiones de Campeche, hecho que las mismas autoridades como Senasica, Sagarpa y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) han reconocido.
Consideraron que la consulta no ha sido previa, pues al continuar la siembra de soya transgénica “nuestra gente no ve el punto de participar en algo que no tiene sentido ¿para qué pedir nuestra autorización para hacer algo que ya se hace en nuestro territorio en contra de la ley?”
También afirmaron que la consulta no ha sido libre, pues han sido intimidados, insultados y amenazados. “Nuestros compañeros han sido intimidados para no participar, ofreciéndoles pagos, amenazándolos con quitarle trabajo a ellos y a sus familiares”, subrayaron.
Además señalaron que las autoridades responsables de la consulta no han sido neutrales. Afirmaron que la Cibiogem promueve supuestas bondades y beneficios económicos de la soya transgénica, al argumentar coexistencia entre esa actividad y la apicultura, a pesar de conocerse las consecuencias que ocasiona la agricultura industrial.
Añadieron que el proceso tampoco ha sido de buena fe pues la Cibiogem ha engañado a integrantes de las comunidades al indicarles que sólo quienes tienen tierras pueden participar en la consulta.
Tampoco ha sido informada, dijeron, pues la información solicitada durante el proceso como los fundamentos legales sobre procedimientos de monitoreo y aplicación de sanciones, no se les ha otorgada.
Asimismo denunciaron que la consulta no cumple el requisito de ser culturalmente adecuada, pues se ha solicitado seguir los usos y costumbres y que se considere a las comunidades como un solo pueblo, pero “las autoridades buscan realizar la consulta por separado en cada comunidad y de forma express”.
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