“No hay gobernabilidad, vivimos en un estado constante de temor”, señalan autoridades comunitarias ikoots.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 29 de junio de 2020
La masacre del 20 y 21 de junio en San Mateo del Mar “es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas” y no “un conflicto interno o poselectoral”, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresaron más de 60 investigadores y organizaciones sociales.
A través de un comunicado, académicos del CIESAS, ITESO, BUAP, UNAM, Ibero, UAM, entre otras instituciones, exhortaron a entender el conflicto “en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital”.
Exigieron detener las “incursiones desarrollistas”, la salida de las empresas que “ambicionan sus territorios” y respetar los usos y costumbres y autonomía de los pueblos.
Recordaron que el pueblo ikoot de San Mateo del Mar ha luchado por más de una década por defender su territorio ante las “constantes amenazas por la instalación de parques eólicos, la privatización de su territorio, la construcción de un rompeolas y la modernización del puerto en Salina Cruz”.
Además, señalaron que lo ocurrido “evidencia el perverso vínculo entre la política desarrollista del Estado y la actuación del crimen organizado en nuestro país”.
Urgen medidas cautelares
A su vez, la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots, autoridades comunitarias que han desconocido a la presidencia municipal de Bernardino Ponce Hinojosa, a quien acusan de escalar la violencia, urgieron a implementar las medidas cautelares para garantizar la vida de las personas.
En un comunicado, las agencias comunitarias señalaron que en San Mateo del Mar no hay gobernabilidad y que las familias, mujeres, niñas, niños, ancianos, “vivimos en un estado constante de temor”, no se han normalizado las actividades y no se puede transitar con seguridad.
Las agencias comunitarias señalaron que lo ocurrido en San Mateo del Mar “es un caso de violencia política y de omisión por parte del Estado”, y llamaron a revisar la responsabilidad de la función de los órganos de seguridad, pues desde el 20 de enero de 2020 estaban informados y solicitada su intervención como gobierno del Estado.
Finalmente, reiteraron la responsabilidad del ex titular de la Unidad de Atención a Estudiantes Indígenas de la UABJO, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, como la persona que maneja al grupo armado que desde el 03 de mayo irrumpió, quemó casas y asesinó al suplente del agente municipal de Huazantlán del Río.
Ese personaje ha financiado las campañas electorales de los presidentes municipales en 2017 y 2019, señalaron.
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