Greenpeace observará implementación de las medidas, aunque reconoce la voluntad política.
En el marco de la 27° Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP27), que inició el 7 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto, la delegación mexicana llevó nuevos compromisos climáticos como reducir en un 35% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030.
También se comprometió a disminuir en los siguientes ocho años 52 millones de toneladas de carbono, así como generar el doble de la emisión actual de energía limpia, es decir, 40GW más. Para ellos se invertirán 48 mil millones de dólares para cumplir estas metas.
La organización ambientalista Greenpeace aseguró que observará la implementación de los mecanismos ambientales que permitan la reducción de las emisiones, que las estrategias estén atravesadas por el respeto a los derechos humanos y reconoció la “voluntad política de aumentar los esfuerzos en materia de reducción de emisiones”.
Asimismo, enfatizó que continuará impugnando públicamente los proyectos que busquen aumentar la “alta dependencia” del país hacía los combustibles fósiles. Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio de esta asociación internacional, aseguró que el cambio climático tiene al 68% de la población mexicana en una situación de vulnerabilidad. “Tomar acción climática es hacer justicia climática”.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó que, para alcanzar esta meta, las acciones provienen de los sectores transporte e industrial, en los que prevén un fuerte impulso a la electromovilidad, el trabajo remoto, el transporte ferroviario, así como la eficiencia energética y la economía circular en la industria.
De acuerdo a la Semarnat, con el programa Sembrando Vida se planea mitigar cuatro millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2) anuales para 2030; con la designación de nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) se proyecta reducir ocho MtCO2 al año.
Nuevas metas sin fondos
Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que el presupuesto para la administración y vigilancia de las ANP disminuyeron en términos reales en los últimos 10 años, siendo actualmente menor a 10 pesos por hectárea el presupuesto que se tiene otorgado para este sector.
Añadió que programas como Sembrando Vida, así como el megaproyecto denominado Tren Maya, han sido muy polémicos debido a los altos impactos ambientales que conllevan; los primeros dos en términos de deforestación y cambios de uso de suelo, y en lo que respecta al tren también se ha señalado la fragmentación de ecosistemas y el grave peligro de destrucción de cenotes y contaminación de acuíferos subterráneos en la Península de Yucatán.
Cemda subrayó que el gobierno continúa en favor del uso de los combustibles fósiles, lo cual se demuestra con la promoción del carbón, el combustóleo, el gas “natural” fósil y la nueva refinería de Dos Bocas, “lo cual es completamente contrario a las energías renovables”.
De acuerdo a datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, de 2014 a 2022, el presupuesto que se asignó a la Comisión Nacional Forestal, institución que por ley tiene el mandato de impulsar la conservación y manejo forestal, ha sufrido una reducción de casi el 77%. El monto asignado en 2014 fue de 7.6 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto ejercido en 2022 fue de 2.4 mil millones.
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