Documentan uso desproporcionado de normas penales, que atenta contra el derecho a la protesta.
Amnistía Internacional publicó el informe “Mexico: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente”, el cual documenta el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir a las personas defensoras el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta.
Dicho derecho a la protesta, es una vía fundamental para que las personas defensoras exijan sus derechos, principalmente cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas, expuso Amnistía Internacional.
Al presentar el informe, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que ese uso excesivo del sistema penal forma parte de una estrategia amplia de desarticulación de la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente.
“Es alarmante ver cómo México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente”, planteó Guevara Rosas. Añadió que “lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”.
El documento profundiza en cuatro casos donde la criminalización y estigmatización contra personas defensoras fueron las constantes. El primer caso fue en la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un conjunto de personas protestó contra la construcción de un fraccionamiento en una zona protegida con previsibles daños ambientales.
El segundo caso fue el de Zacatepec, Puebla, donde fueron criminalizados comunicadores y defensores nahuas que protestaron contra la construcción de un drenaje de Ciudad Industrial Huejotzingo que desembocaría al río Metlapanapa, el cual forma parte de la vida comunitaria.
El tercer caso de estudio fue en Chilón, Chiapas, donde dos defensores tseltales fueron criminalizados por protestar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional e su territorio. El cuarto caso fue el de Sitilpech, Yucatán, donde los pobladores se han opuesto a la mega granja porcícola que contamina su territorio y el agua, además de generar problemas de salud.
Amnistía Internacional encontró el uso de tipos penales ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de la obra pública” y variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”.
Además, documentó la adecuación a conveniencia de hechos que ocurren durante las protestas mediante interpretaciones amplias de tipos penales y declaraciones, hechas principalmente por servidores públicos y trabajadores de empresas relacionadas con los hechos, que tergiversan los acontecimientos.
Otro hallazgo fue que las denuncias presentadas van dirigidas principalmente a personas consideradas líderes, o a las personas más visibles de los movimientos de protesta, sin evidencias contundentes, y con procesos que se alargan o se reactivan con la fabricación de nuevos delitos.
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