INAES muestra desacuerdo, afirma que se está construyendo dicha política.
Existen carencias de políticas públicas de fomento cooperativo, coincidieron representantes de cooperativas y académicos, durante un taller sobre instituciones y políticas para el sector en México organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) donde se presentó el avance de una investigación.
En ella se documentó la “extraordinaria disminución” del presupuesto destinado al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) del 79% en 2019, hasta llegar a dejar sin asignación alguna al Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) en 2021, destacando que del presupuesto del presente año el 90% se usará para nómina, lo que equivale a un desmantelamiento, se dijo.
Dicho planteamiento, presentado en primer lugar por el investigador y consultor para la Cepal, Juan José Rojas Herrera, fue rechazado por el representante del INAES, César Escalona, quien afirmó que en la presente administración se está construyendo dicha política de fomento y mucho ayudará un paquete de reformas legislativas presentadas al Congreso.
El funcionario señaló que existe confusión entre el instrumento programático de largo plazo vertido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y los programas presupuestales, su tipo de gasto y destino. Además, que justificó que para el 2019, el presupuesto fue asignado por el anterior gobierno y en 2020, existió una crisis global por la pandemia.
Escalona comentó que lo ocurrido con el PFES fue la eliminación de un programa de corte clientelar para organizaciones agrícolas usado por administraciones anteriores.
Por su parte, el comentarista de la investigación, César Zepeda Pardo, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, conocido como Mexicoop, señaló que en el PND se elaboró un diagnóstico donde se demostraba el desmantelamiento de dicha política desde los años 90, “compartimos la idea con el actual gobierno, pero en la implementación del PND quedamos igual”.
Zepeda Pardo puntualizó que se necesita armonizar la legislación en torno al Derecho Cooperativo, debe existir un marco fiscal adecuado, pues se han quitado tratamientos que diferenciaban a las cooperativas de las empresas mercantiles, se deben aplicar políticas públicas transversales enfocadas a los distintos tipos de cooperativas para dar cabal cumplimiento del Artículo 25 Constitucional.
El documento presentado por el doctor Juan José Rojas sugiere que para mejorar las políticas públicas se debe diseñar un programa que no sea solamente dispersor de subsidios para sectores vulnerables, sino con una perspectiva multianual y enfocado a organizaciones del sector social de la economía.
Además, planteó el académico, se deben concentrar los apoyos en cooperativas de producción y consumo para hacer un sector más equilibrado; se deben asumir las políticas con un enfoque de empoderamiento organizacional y comunitario; establecer un sistema de compras gubernamental obligatorio; y buscar generar encadenamientos productivos territoriales de carácter local.
Por su parte, el representante del INAES pidió incluir en el estudio un análisis de las políticas públicas regionales en Latinoamérica y el Caribe con ejes de subsidios, fiscales, compras públicas, entre otros.
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El desmantelamiento de la política pública de la Economía Social
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