INPI reconoce 71 localidades que la minera negaba para no consultar.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 06 de noviembre de 2019
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desmintió a la minera canadiense Almaden Minerals, que de manera sistemática negaba la existencia de población indígena en Ixtacamaxtitlán y que era su argumento principal para no consultar sobre el proyecto minero a cielo abierto en Puebla.
A través de un oficio (CGPE/2019/OF/0477) el INPI informó a las organizaciones Fundar y al Consejo Tiyat Tlali, representantes legales de la comunidad Tecoltemi en su juicio de amparo contra las concesiones mineras, de la existencia de 71 localidades indígenas, nueve de ellas en el área de influencia directa del Proyecto Minero Ixtaca.
“Derivado de una nueva revisión de la información estadística disponible en esta Coordinación se identificó población indígena o personas indígenas náhuatl tanto en el municipio como en el área de interés del proyecto”, señaló el INPI.
En una nota técnica el INPI añadió que en 2015 había en Ixtacamaxtitlán 4 mil 841 personas (19.7%) de población indígena y 7 mil 608 personas (31%) de población indígena por autoadscripción, 50.7% de la población total del municipio.
De las 71 localidades indígenas identificadas por el INPI, Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Loma Larga, Almonamique, La Vega, Tuligtic (San Miguel), Ahuateno, Cruz de Ocote e Ixtacamaxtitlán (San Francisco), se ubican dentro del área del proyecto minero. Además advirtió que “un mayor número de localidades de población indígena podrían ser impactadas por las condiciones del Río Apulco que se encuentra cerca del área del proyecto”.
Desde 2015 la minera negaba la existencia de población indígena ante sus inversionistas y frente autoridades mexicanas para no realizar ninguna consulta, pero a partir de 2018 avalaba ese dicho con un oficio entregado por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El coordinador general de Planeación y Evaluación de la entonces CDI, Sergio Alberto Ortiz Rosales, aseguró entonces que tras “analizar” documentación del proyecto minero “la no presencia de población indígena en la zona de dicho proyecto en su área de influencia, de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social y el estudio de Impacto Ambiental”, evaluación realizada por la empresa.
Comunidades y organizaciones exigieron cancelar las concesiones mineras y negar la evaluación del Manifiesto Impacto Ambiental del proyecto minero, ante lo que calificaron de incumplimiento de obligaciones del Estado Mexicano con los derechos de los pueblos indígenas.
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