Minera canadiense acapara 80 mil hectáreas de comunidades en Oaxaca

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Imagen aérea de la presa de jales e instalaciones de minera en medio del Valle de Ocotlán-Zimatlán // Foto: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Concesiones a Fortuna Silver Mines afectan directamente a 35 municipios de Valles Centrales, revela informe.

La minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), opera en Oaxaca con cuatro filiales que han acaparado y despojado 80 mil hectáreas de comunidades indígenas y campesinas en Valles Centrales, lo que equivalen 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca, señala un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Territoriales y Educa Oaxaca.

Además, las concesiones que han sido otorgadas a las filiales de la minera con sede en Vancouver, Canadá, afectan directamente a 35 municipios de Valles Centrales; pero además, FSM no está obligada legalmente a rendir cuentas a los pueblos a los que afecta, añade la información presentada por el Observatorio y Educa.

“Bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la Ley Minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones mineras”, ubicadas principalmente en los municipios de Ocotlán, Ejutla y Tlacolutla, añade el documento.

Al realizar un análisis de la situación minera en el Valle de Ocotlán, Educa destaca que la Ley Minera coloca en condición desventajosa a los pueblos afectados, pues define a la minería como una actividad de utilidad pública, cuando en realidad es una actividad económica privada con el objetivo de extraer minerales del subsuelo.

“El concepto de utilidad pública, junto con el de uso preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, confieren y aperturan las condiciones legales para que las empresas mineras decidan el uso del territorio a explorar o explotar, violentando las determinaciones emitidas por las comunidades, que en el caso de Valles Centrales se encuentran expresadas en sus declaratorias de territorio prohibido para la minería”, apunta el análisis.

Otra ventaja para la empresa extractiva, prosigue el estudio, es que la Ley Minera confiere derechos de expropiar, ocupar temporalmente o constituir servidumbres de los terrenos, además que permite prorrogar las concesiones de 50 años por otro tanto igual de años.

Eso ha permitido a FSM cooptar a comunidades involucradas, pues cada tres años, periodo de vigencia de las autoridades municipales y agrarias, las visitan para promover los proyectos y argumentando los derechos otorgados por la Ley Minera “y que las comunidades nada pueden hacer”, señala el análisis.

Ante ello, 14 comunidades crearon en 2016 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, buscando cancelar las concesiones mineras, reactivar las asambleas comunitarias como forma de ejercer el derecho a la libre determinación y logrando declaratorias de Territorios Libres de Minerías, mismas que han entregado a las autoridades federales y locales, pero que no han dado respuesta ni cancelado ninguna concesión, documenta Educa y el Observatorio.

El documento concluye que el Estado mexicano debería respetar las determinaciones de la comunidades, reformar de fondo la Ley Minera, generar mecanismos para respetar las decisiones comunitarias, cancelar las concesiones mineras, pues de no hacerlo, se profundizará la violación del derecho a la libre determinación de las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca y del país.

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