Persisten más de mil 300 concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Más de 40 organizaciones, comunidades y movimientos sociales rechazaron los dichos de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, sobre un cambio de paradigma en la materia al pasar del extractivismo neoliberal al humanismo ambiental.
Organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos, la Coordinadora por un Atoyac con Vida y 38 más, enfatizaron que la actual política ambiental profundiza los agravios de los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac y sólo atienden de forma superficial la crisis socioambiental, pero no ataja sus causas.
Destacaron que lejos de sostener una verdadera justicia socioambiental, la relación con las comunidades y los territorios, así como sus acciones, profundizan los agravios de las hoy reconocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, además de que viola derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y su saneamiento, a la información y a la justicia, entre otros.
Las organizaciones rechazaron los dichos de Bárcena, quien afirmó que el humanismo genera bienestar para la población porque su política cuenta con inversiones históricas, como los 20 mil mdp destinados al saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac. “Decimos que no hay monto que dé resultados si no trabajan conjuntamente con la sociedad y si no se atajan las causas de fondo que han producido la devastación socioambiental”.
Exigieron detener la contaminación tóxica a través del endurecimiento de las normas ambientales, detener la remoción de sedimentos y vegetación en ríos contaminados sin la realización de estudios que permitan el manejo seguro ante la presencia de sustancias tóxicas, garantizar la atención a la salud de las personas afectadas por dichos contaminantes, e incluir a las comunidades en el análisis y toma de decisiones en la ejecución de proyectos en la Cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla.
Persisten mil 300 concesiones mineras en ANP
Por otro lado, la colectiva Cambiémosla Ya, emitió un posicionamiento donde también rechaza los dichos de la secretaria Bárcena, expresados al presentar el segundo informe de gobierno del sector ambiental titulado “Política ecológica y ambiental humanista”.
La colectiva de comunidades y organizaciones, destacó que persisten más de mil 300 concesiones mineras vigentes en Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, que representan una superficie acumulada de más de 680 mil 270 hectáreas, aún cuando la Ley de Minería vigente prohíbe cualquier actividad minera en dichos espacios. Cambiémosla Ya urgió que dichas concesiones sean canceladas de inmediato.
Durante la conferencia matutina del 30 de septiembre, Alicia Bárcena, subrayó la recuperación de 272 mil hectáreas de ANP que habían sido concesionadas para la explotación minera.
Sin cambio de paradigma
La colectiva, donde también participan personas académicas y defensoras, planteó que para que haya un cambio de paradigma, un primer paso es que la Semarnat y la Secretaría de Economía (SE) publiquen los reglamentos derivados de la reforma de minería y agua de 2023.
Ni la SE ni Semarnat han publicado los reglamentos de la Ley de Minería ni de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) ni de la Ley General de Aguas en materia de minería.
Esta omisión, obstaculiza la aplicación a cabalidad de la nueva legislación minera, deja espacios para la interpretación en temas como la restricción de cualquier actividad minera en ANP, señaló Cambiémosla Ya.
Además, tampoco se puede hablar de abandono del modelo extractivista neoliberal “cuando se siguen construyendo acuerdos con las empresas que más han incumplido sus obligaciones y firman acuerdos para intensificar el extractivismo minero, como el Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos, cuyo objetivo prioritario es abastecer de minerales al país vecino y del que no hay información pública sobre los compromisos contraídos”, apuntó la colectiva.
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