Perfila SCJN proyecto que desconoce afectaciones de Ley Minera a pueblos indígenas

“De aprobarse, el mensaje es que los pueblos no tienen derechos en este país”: Francisco López Bárcenas.

Redacción La  Coperacha
Ciudad de México // 11 de mayo de 2020

Organizaciones sociales y comunitarias alertaron que el proyecto de resolución que discutirá el miércoles 13 de mayo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera es contraria a los derechos de los pueblos indígenas y exigieron se suspenda la sesión y una discusión amplia sobre el tema.

De acuerdo al proyecto del ministro Javier Laynez Potisek , a pesar de realizar un recuento de los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, afirma que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas involucrados”.

Para el abogado indígena, Francisco López Bárcenas, “si se llegara a apoyar el proyecto el mensaje sería que los pueblos indígenas no tienen derechos en este país”.

Lo anterior fue expresado durante un foro en RompeVientoTV donde también participaron Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Leonardo Durán, del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC); y Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij.

López Bárcenas señaló que el proyecto debería ser retirado del pleno y “por decencia” la Segunda Sala debería mandar a hacer otro, pues de 42 cuartillas solamente tres párrafos refieren al caso que se discute.

“La Ley Minera es anticonstitucional porque declara de utilidad pública algo que en realidad es de utilidad privada, le otorga un carácter para expropiar las tierras a las comunidades. Si hay pueblos asentados, si hay siembras, no les importa”, afirmó el investigador indígena.

El académico por el Colegio de San Luis señaló que la minería no beneficia al país, no beneficia a los trabajadores, no beneficia a los pueblos, no los toma en cuenta y recordó que una concesión minera (de 50 años, renovables a otros 50)  paga por cada hectárea de 5 a 11 pesos cada seis meses, pero por extraer el material minero no pagan un centavo.

A su vez, Xavier Martínez, de CEMDA, describió el proceso de violencia estructural contra los pueblos indígenas surgido a partir de la reforma constitucional de 2001. Señaló que las concesiones mineras ha generado además mucha violencia contra los pueblos como casos en San Luis Potosí y en Sonora.

“La minería como actividad extractiva es contraria a los pueblos indígenas. La Ley Minera y la Ley de Aguas ponen en jaque los usos y costumbres de los pueblos”, señaló el asesor legal. Además la Ley Minera lastima tres derechos: Al territorio, al agua, y a la autonomía, añadió. 

Por su parte, Nazario Diego Téllez, del Consejo Altepetajpianij, cuestionó el momento en que se presenta la discusión de esta resolución judicial en plena contingencia sanitaria cuando la sociedad está atenta otras situaciones, “no hay posibilidades de hacer audiencias con el magistrado, el tema merece una discusión más amplia”, afirmó.

A su vez, Leonardo Durán, del COTIC, recordó que durante la cuarta asamblea por la defensa de la vida del pueblo maseual, donde participaron 3 mil personas, se decidió hacer frente a las concesiones mineras de la Sierra Norte de Puebla, Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, y en marzo de 2015 inició el juicio de amparo contra ellas y contra la Ley Minera.

Dicho juicio reconoció que los pueblos no fueron consultados de manera previa, libre e informada, sin embargo no resolvió sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, motivo por el cual un Tribunal Colegiado decidió que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsable de resolver ese caso.     

Las organizaciones coincidieron que el proyecto del ministro Laynez “significa una regresión para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”,  y alertaron que “la limitada interpretación sobre la Ley Minera sea un mal precedente para otros casos”  donde pueblos indígenas han emprendido acciones jurídicas ante los conflictos socioambientales provocados por la minería.

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