Amenazas con desaparición forzada intentan disuadir procesos de autonomía: CSIM.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) informó sobre una denuncia penal presentada contra el presidente municipal de Erogarícuaro, Juan Calderón Castillejo, el lunes 17 de noviembre. La imputación se formuló por el delito de “amenazas”, contemplado en el artículo 187 del Código Penal de Michoacán, contra Pavel Ulíánov Guzmán, portavoz del CSIM.
La organización reportó que Juan Calderón Castillejo amenazó al portavoz purépecha con “desaparecer si continuaba impulsando las autonomías y no cesaba de realizar declaraciones públicas que perjudicaran políticamente a este edil municipal”. Por lo tanto, lo responsabilizan de cualquier daño contra Pavel Ulíánov Guzmán.
Es al menos la segunda ocasión que Pavel Ulíánov Guzmán es amenazado con desaparición forzada, en junio de 2023 fue la primera por promover la consulta electoral para que la comunidad de San Francisco Uricho, parte de Erogarícuaro, se conviritiera en municipio indígena independiente.
Primero en 2016 y luego en junio de 2023, el CSIM denunció que Juan Calderón Castillejo instruyó a grupos de choque y a la policía local a impedir las consultas electorales por la autodeterminación de San Francisco Uricho. Además, amenazó públicamente a consejeras del Instituto Electoral de Michoacán.
El CSIM denunció que Juan Calderón Castillejo “ha estado siempre en contra de los procesos de autonomía de los pueblos originarios”, en alusión a 18 recursos jurídicos contra el proceso de autonomía de la comunidad de Jarácuaro y el impedimento reiterado de la consulta en San Fransciso Uricho. A pesar de la denuncias en su contra, el alcalde buscará reelegirse en 2024.
De acuerdo con el CSIM, Pavel Ulíánov Guzmán forma parte de una familia, la Guzmán Cruz, víctima de desaparición forzada contra 5 de sus miembros por parte de la Dirección Federal de Seguridad, caso de los 70 que actualmente radica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El CSIM realizó un “llamado categórico y enérgico al Gobierno de la República y al Gobierno de Michoacán para que establezcan garantías de no repetición”. Pues, consideraron que la desaparición forzada contra opositores políticos es una práctica inadmisible contra los movimientos sociales.
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