Convoca a fortalecer las asambleas y tequios ante inminente llegada del capital privado.
La propiedad social en Oaxaca (comunal y ejidal) se encuentra amenazada, afirmó la organización Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (Educa), quien alertó que con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Paquete Fiscal 2024 se volverán a implementar programas de certificación de tierras ejidales y comunales con la intención de terminar con ese “obstáculo” para los proyectos extractivos.
A través de un comunicado y la infografía titulada Dominio Pleno, la organización con más de 30 años de trayectoria llamó a fortalecer las asambleas comunales y ejidales, así como los trabajos colectivos, la incorporación de mujeres y personas jóvenes ante la inminente llegada del capital privado y sus operadores.
Educa explicó en su infografía que la intención de terminar con la propiedad social, que en Oaxaca representa el 80% del territorio, viene desde 1992 con la contrarreforma agraria impulsada por Carlos Salinas de Gortari.
En Oaxaca se implementó dicha intentona con programas de certificación de tierras los cuales han dejado un saldo desastroso para las núcleos agrarios como mediciones irregulares, padrones de ejidatarios con irregularidades, conflictos con núcleos colindantes, y sin que llegaran los beneficios prometidos a las comunidades, añade Educa.
Además, la Procuraduría Agraria “ha omitido su vocación de asesoría y defensa de los derechos de los sujetos agrarios” y por años “se han desgastado las asambleas agrarias, se ha dejado de actualizar padrones de ejidatarios y comuneros” disminuyendo la posibilidad de defender los territorios.
La infografía explica de forma detallada uno de los aspectos que contienen los programas de certificacón denominado Dominio Pleno. Además señala cómo impacta a las comunidades, a quiénes beneficia, qué irregularidades tiene y qué se puede hacer para evitar esto.
Operadores de Jara en el RAN
Por su parte, la organización Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció que el gobierno de Salomón Jara está colocando operadores políticos dentro del Registro Agrario Nacional (RAN), desde el actual delegado hasta las y los visitadores que “se la pasan interfiriendo, interviniendo y en ocasiones usurpando las funciones de los comisariados”.
En un comunicado la REMA hizo un llamado a los comisariados y comisariadas de pueblos originarios y campesinos a no dejarse engañar por estas “políticas entreguistas”, no caer en trampas jurídicas del RAN y la Procuraduría Agraria (PA), a seguir defendiendo la tierra y el territorio y ejercer su derecho a la autodeterminación, “que es la mejor herencia para sus hijos e hijas”.
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