Mañana se discute como iniciativa preferente del Ejecutivo.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking señaló que la reforma preferente a la Ley de Hidrocarburos, presentada al Congreso de la Unión el pasado 26 de marzo, “olvida los derechos de los pueblos y comunidades y de las futuras generaciones, así como la prohibición del fracking” en el país.
La iniciativa pretende fortalecer el control del Estado en las actividades relacionadas al almacenamiento, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímico. Ello para cambiar disposiciones establecidas por la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un comunicado, la organización ambientalista acentuó que la iniciativa “dejó intacta” las disposiciones legales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, de ejidos y comunidades campesinas sobre sus tierras y territorios. Lo que obliga a la población a permitir las actividades de hidrocarburos a pesar de las afectaciones a su entorno, sus formas de vida y sus derechos.
Recalcó que “urge abrir un debate amplio y representativo que incluya a los pueblos y comunidades sobre el futuro del sector energético”, ya que la actual ley y la reforma que se discutirá mañana contienen disposiciones que dan prioridad al uso y ocupación de los territorios para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos.
Además No Fracking México destacó que los estudios y evaluaciones de impacto social contemplados en la Ley de Hidrocarburos “no son mecanismos efectivos” en la protección de derechos humanos ya que no cumplen con las obligaciones internacionales al dejar en las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas.
Aunque la actual Ley contempla llevar a cabo los procedimientos necesarios de consulta previa, libre e informada necesarios, dijo la organización, esta obligación queda prácticamente inoperante frente a las figuras de uso y ocupación de los territorios que terminan por validar la imposición de megaproyectos. Ello impide que sean “una garantía efectiva para la defensa del territorio”
Afirmó que esta iniciativa, al igual que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, no incorpora “las demandas históricas” de pueblos, comunidades y sociedad civil que han rechazado la Reforma Energética peñista “tanto en tribunales y ante instancias internacionales de derechos humanos”.
La Alianza hace un llamado al legislativo para incluir de manera explícita la prohibición del fracking, derogar las disposiciones lesivas a derechos humanos colectivos de pueblos y comunidades como las figuras de uso y ocupación de los territorios y el carácter preferente, abrir un debate con la participación de pueblos y comunidades, así como considerar la emergencia climática como eje central de las decisiones legislativas en materia energética.
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