Asfixiaría a cooperativas pequeñas y generaría daño económico a más de un millón de socios.
El presidente del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), Guadalupe Armenta, afirmó que la iniciativa de reforma a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) sería un duro golpe para el sistema cooperativista, pues asfixiaría a las cooperativas pequeñas y generaría un daño económico a un millón 200 mil socios de 160 cooperativas de ahorro que están en nivel básico.
El pasado 20 de septiembre la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados avaló con 11 votos a favor y 8 en contra, la iniciativa de reforma al artículo 15, tercer párrafo, de la LRASCAP que establece un plazo de 90 días para la cancelación de registro de una cooperativa de ahorro en nivel D o básico.
Guadalupe Armenta señaló en entrevista que la aprobación de esta iniciativa sorprendió al sector, pues el 9 de septiembre habían establecido una reunión con la comisión legislativa y representantes de otras organizaciones cooperativas y no se mencionó que estaba en la agenda.
Añadió que luego de la aprobación de la iniciativa en comisiones plantearon a los legisladores los riesgos de esa reforma para el sector cooperativo y se llevaron el compromiso de la presidenta de la comisión, Ángeles Gutiérrez Valdez del PAN, que la iniciativa no pase a pleno mientras es revisada con profundidad.
Daño al cooperativismo
Al explicar los impactos de la reforma a la LRASCAP, Armenta señaló que afecta directamente a los socios de las 160 cooperativas de ahorro que están en Nivel D, alrededor de un millón 200 mil personas.
Detalló que las cooperativas de Nivel D no significa que estén mal, pues si bien son cooperativas pequeñas, “también están ahí las que no pudieron acreditar con los criterios establecidos por la LRASCAP diseñadas para cooperativas grandes, además están las que iniciaron un proceso de autorización y por criterios de los supervisores no pudieron avanzar y están en el limbo”.
También están ahí las que están en un proceso de defensa legal, “por lo que sería inconstitucional cancelar a una de ellas cuando el proceso continúa abierto”, explicó. Puntualizó que estas cooperativas son asfixiadas, pues son colocadas en “la lista negra de Condusef” (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) y “son estigmatizadas”.
Explicó que al cancelar a estas cooperativas, se les impide seguir operando, los socios que tienen préstamos ya no querrían pagar, se estrangularía la captación de recursos por intereses, las personas con ahorros querrían recuperar su dinero y se generaría un problema económico para un millón 200 mil personas.
Añadió que la iniciativa podría beneficiar a algunas cooperativas grandes que se quedarían con los activos de las pequeñas luego de procesos de fusión, pero los más beneficiados son despachos legales que cobran hasta 250 mil pesos sólo por integrar expedientes para llevar procesos de liquidación o salida ordenada.
En cambio, concluyó, el principal afectado sería el sistema cooperativista, pues “la gente quedaría lastimada y el prestigio del cooperativismo quedaría dañado”, y “una recuperación de esto sería muy costoso”.
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