Se frenan diez concesiones en más de 11 mil hectáreas de tierras comunales.
Redacción La Coperacha
Ciudad de México // 18 de febrero de 2020
El Juez Primero de Distrito en el estado falló la resolución de un amparo en favor de la comunidad zapoteca San Pedro Quiatoni, en la que concede la suspensión contra tres empresas que tenían diez concesiones mineras otorgadas desde 2013.
El Comisariado y el Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales, así como el Comité Pro-Defensa del Territorio de esa municipalidad de la región de los Valles Centrales, recurrieron a ese medio jurídico, porque la Secretaría de Economía quebrantó sus derechos a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como a un medio ambiente sano.
Estas tres instancias señalaron que las concesiones fueron asignadas sin respetar los derechos de la comunidad que se establecen en el artículo dos de la Constitución federal, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos jurídicos internacionales.
La resolución del amparo implica que las mineras Don David Gold, subsidiaria de Gold Resources Corp, de capital norteamericano; Desarrollos Mineros San Luis, subsidiaria de Goldcorp, y Minerales del Prado, subsidiarias de Chesapeacke Gold Corporation, ambos de capital canadiense, no podrán continuar con los trabajos de exploración y explotación en la superficie y subsuelo propiedad de la comunidad.
La superficie total que fue asignada a las empresas para extraer oro, plata, cobre, zinc, plomo, entre otros metales, corresponde a 11 mil 623 hectáreas de tierras comunales de San Pedro Quiatoni.
Aunque la boca de la mina se encuentra en San José de Gracia, municipio colindante de San Pedro Totolapan, las tres empresas han perforado en el primer frente en una longitud de 290 metros con dirección al noreste y en un segundo frente, 500 metros con dirección al sureste, en ambos casos en su territorio comunal.
Como consecuencia la comunidad tiene afectaciones a su patrimonio y ambientales por la contaminación de sus ríos, mantos freáticos y pozos por el desecho de materiales pesados.
Finalmente, el juez dispuso la Audiencia Constitucional, donde serán oídas las partes para ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de la sentencia respectiva, para el 12 de marzo a las 9:18 horas.
Con información de NVI Noticias
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