Frente de comunidades exige la cancelación del proyecto minero de capital canadiense.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en la Gaceta Ecológica del 22 de julio la negación al permiso ambiental solicitado por Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en Valles Centrales de Oaxaca.
La minera pretendía lograr la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental, modalidad regional, para continuar el proceso de extracción de oro y plata por 10 años más en la comunidad de Magdalena Ocotlán.
Ante ello, el Frente No a la Minería, integrada por 12 comunidades de Valles Centrales, reiteró su exigencia de la cancelación total del proyecto minero, pues, recordó, desde hace 10 años la minera canadiense ha violentado sistemáticamente el derecho humano al medio ambiente sano.
La Semarnat resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización, por esta última razón la minera fue sujeta a una sanción administrativa de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.
En la negación de la MIA, Semarnat señala que el proyecto “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
Además, “bajo el amparo del principio de precaución, una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y en consecuencia, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio”.
Finalmente señala que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
Las comunidades que integran el Frente responsabilizaron a la minera ante cualquier represalia, agresiones o amenazas contra las comunidades o sus integrantes. También reconocieron el trabajo de Semarnat y la instaron a seguir trabajando para que “ningún interés económico se encuentre por encima de los derechos humanos de las comunidades”.
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